Desde hace unos meses, instituciones internacionales vinculadas a la alimentación como la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, alertaron sobre el riesgo de una hambruna mundial. Una serie de eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones, huracanes y ciclones diezman rápidamente la agricultura y la ganadería en el mundo. El norte de Pakistán, por ejemplo, está sufriendo una de las peores inundaciones de los últimos 80 años; la ONU acaba de calificar esta situación como la peor crisis del mundo en este momento. Y tiene razón; al menos 1,200 personas han fallecido, un tercio del país está bajo el agua, 719.000 cabezas de ganado han muerto y más de dos millones de hectáreas de cultivos y huertos se han perdido. La China, por su parte, enfrenta en todo el sur una grave sequía en medio de la peor ola de calor registrada en su historia; esta situación pone en riesgo la producción de arroz del país más poblado del planeta, que si bien produce el 95% del arroz que consume, una caída en la cosecha lo llevaría a presionar un mercado global de alimentos en problemas.

Se dice poco pero nuestro país vive un prolongado fenómeno de La Niña, con bajas temperaturas en el mar, que viene provocando un déficit de lluvia que, si bien todavía no pone en riesgo la producción agrícola, viene creando problemas a ganaderos de algunas regiones. Chile y la Argentina viven lo que se ha denominado una “mega sequía” con cerca de diez años de disminución de las precipitaciones. Por todo el mundo, fenómenos climáticos extremos ponen en riesgo la alimentación de una población mundial que sigue creciendo. Probablemente ya nadie duda de que estos fenómenos extremos que ponen en cuestión la sostenibilidad de los sistemas alimentarios se producen como efecto del cambio climático.

Pero además de una naturaleza que nos cobra la agresión a los ecosistemas y el exceso de CO2 en la atmósfera, vivimos una guerra, entre Ucrania y Rusia, dos grandes productores no sólo de cereales, sino también de urea, el fertilizante nitrogenado más utilizado en el mundo, así como de petróleo y gas. El combo mortal de conflicto bélico, fenómenos climáticos extremos, escasez de fertilizantes y problemas de transporte llevó al New York Times a anunciar una “catástrofe alimentaria”. Para Antonio Guterrez, secretario general de la ONU, estamos ante “el fantasma de una escasez global de alimentos”. “El alto costo de los alimentos de primera necesidad ya ha hecho que se dispare de 440 millones a 1600 millones el número de personas que no tienen garantizada su alimentación básica”.

Efectivamente, en una crisis alimentaria global lo que suben son los precios y quienes no pueden pagarlos sufren las consecuencias. En una eventual disminución crítica de alimentos y fertilizantes, pasará lo que ya lo vimos con los precios y los embarques de pruebas de COVID-19 y de las vacunas: las acumulan los países más ricos. De hecho, la guerra de Ucrania, que cae encima de lo que se denomina el “rebote de la pandemia”, es decir el rápido incremento de demanda que presiona sobre mercados globales (alimentos, petróleo, gas, fertilizantes) que estuvieron en recesión por el COVID-19, ha provocado un alza inusitada en el precio de los fertilizantes. El gobierno ha intentado varios procesos de compra internacional de urea y hasta el momento, no logra adquirir el fertilizante, a pesar de que está iniciándose la preparación de suelos para la siembra de la campaña grande de papa. Por el momento, acaba de aprobar un “fertibono” (un bono para la compra de fertilizantes) para subsidiar la compra de fertilizantes (N, P, K) entre agricultores familiares con menos de 10 has., intentando salvar la campaña agrícola 2022-2023. Si las y los agricultores no pueden comprar urea por un precio excesivo, lo que va a disminuir no es necesariamente el área de siembra (quizás también), pero sobre todo los rendimientos.

Pero el tema de la crisis alimentaria va más allá de un bono. El país requiere asumir una política seria que asegure no solo el consumo de alimentos de manera suficiente, accesible y adecuada (seguridad alimentaria), sino avanzar en un mayor control de la producción nacional de alimentos y fertilizantes (soberanía alimentaria) que incentive la producción local, y apoye a sus productores de alimentos: los pequeños y medianos agricultores.

Efectivamente, la situación mundial no solo de guerra actual sino de potenciales conflictos entre las superpotencias, el cambio climático y la dificultad para imponerles a aquellas la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero, además de crisis como la pandemia del COVID-19 que podría no ser la última, abren la discusión de lo que Oscar Ugarteche en un reciente seminario internacional ¹ llamó la desglobalización, es decir, la reducción de la dependencia del mercado mundial hacia políticas nacionales de promoción de la producción interna y del empleo. Estamos todavía lejos, pero podríamos empezar a discutir si vale la pena mantener una alta producción de minerales, con alto costo ambiental y alta huella de carbono, para conseguir los recursos para comprar commodities (trigo, maíz, soya), la mayor parte de ellos de bajas calidades alimenticias. Hay que considerar que, sin embargo, nuestra dependencia total de alimentos importados no es tan alta; según el estudio de Miguel Pintado de CEPES, bordea el 25% del volumen total; sin embargo, en algunos rubros, es fuerte: maíz amarillo duro para alimentación de aves, la proteína más consumida en el Perú; el trigo (pan, fideos) y buena parte de los componentes de la leche son importados y prácticamente el 100% de los fertilizantes químicos. La dependencia, además, es creciente.

Y lo es el deterioro de nuestros recursos también. Los andes, que se han visto como un inconveniente para el transporte, o como un potencial minero y nada más, son unas enormes, gigantescas esponjas que se llenan de agua con las lluvias y van alimentando poco a poco los acuíferos. Pero no los cuidamos; no potenciamos esa función y más bien se desarrollan actividades que contaminan aguas y suelos o los impermeabilizan.

Por el momento tenemos sólo una “Hoja de Ruta para lograr un sistema alimentario sostenible en el Perú”, elaborada por el MIDAGRI en septiembre de 2021, que considera 5 ejes, bastante convencionales en los que involucra a 9 ministerios, además de 24 Gobiernos Regionales, mencionando como primer paso “la conformación de una instancia de articulación a nivel de Gobierno Central”, la que tras casi un año, no se ha constituido.

Falta una mirada más grande, de más largo plazo, más estructural y más profunda sobre lo que tenemos que hacer para lograr que los alimentos se produzcan y lleguen a la mesa de todas y todos en el país. Somos cerca de 35 millones de personas y tenemos 11 millones de hectáreas de superficie agrícola. Es poca. Cuidémosla.