Luego de dos años de pandemia hemos visto al mundo cambiar. Se instaló la virtualidad en el cotidiano y nos sometimos a experiencias fuertes y bruscas, de reacomodos, pérdidas y lutos inconclusos. Pasamos por ciclos de hiperadaptación y agotamiento, y muchos por el derrumbe emocional frente a la soledad o la muerte. Los sectores más vulnerables, además, debieron subsistir en condiciones de hacinamiento y eventualmente desacatar las disposiciones sanitarias para buscarse el sustento. Qué pasó en esas casas estos dos años, en las nuestras, cómo fue sostener un día detrás del otro. Mirar la convivencia a través de los datos quizás nos dé un ángulo para pensar nuestra convivencia más social, sumergida en una crisis política y de gobernabilidad sin precedentes en las últimas décadas.

Es una tragedia que sobre la precariedad material se sume la psíquica

Una mujer de 42 años busca atención psicológica luego de pasar por múltiples psiquiatras en instituciones del Estado. Vive en Huaycán, arrastra una depresión y perdió su trabajo de limpieza durante la pandemia. En esas condiciones se dedicó a cuidar a sus familiares contagiados, su esposo murió y ella misma enfermó de gravedad. Recuperada pero deprimida, sin tratamiento psíquico, empieza a aislarse y ya no sale de su cama. Ha tenido cuatro intentos de suicido, dice que está sola, no cuenta con sus familiares.

“Los pobres no tienen tiempo de deprimirse” se suele decir, minimizando el impacto emocional que la pobreza implica, o subrayando una mirada más paternalista o idealizada de “los pobres”, esas figuras que se pintan incansables, deshumanizadas al fin y al cabo. La realidad dice lo contrario. Luego del norte de África, es América Latina la segunda región del mundo más golpeada psicológicamente durante la pandemia: 35% de latinoamericanos están actualmente deprimidos y 32% con cuadros ansiosos, frente a la media mundial de 28% y 26% respectivamente¹. En nuestro país la afectación es mayor: en 2021 de cada 10 peruanos 6 reconocen sentirse emocionalmente mal, y aquellos que creen que “mejor sería estar muerto” subió de 1,3% a 8,6%. Los intentos de suicidio fueron de 0.6% a 1.6%². De incansables, nada. No estamos bien.

De vuelta a Huaycán, una mujer deprimida obliga a mirar en su contexto. Una trama familiar con otros malestares que se enredan y colisionan en el desafío de sobrevivir en la pandemia. La mujer se sentía una carga y sus familiares, aunque preocupados, no sabían cómo ayudarla. Sin costumbre para hablar de sí mismos, la idea de un suicidio en casa los paralizaba. Tampoco sabían a dónde ir, cada quien se ahogaba en su mar de reproches y maltratos. Como la mayoría, esta familia era el punto final del desinterés político y social por la salud mental. En el Perú, 85%³ de la demanda no logra ser atendida. ¿Quiénes cargan con ese acceso precario o la falta de clínicos? ¿Para quiénes será el maltrato y la mala praxis? De 100 peruanos que están psicológicamente mal, 80 se reconocen afectados y 50 quieren ser atendidos. Solo 12 logrará tener acceso a un servicio de salud mental⁴. Cuando creemos que la salud mental es solo o fundamentalmente una cuestión química o intrapsíquica, nos olvidamos de situar a la salud mental dentro de los procesos de salud y enfermedad de los colectivos, que se insertan en marcos históricos determinados. La salud mental refleja la manera de vincularnos, cómo nos cuidamos colectivamente.

Los asuntos chicos también son grandes

Una mujer de 33 años, ambulante, busca un psicólogo de manera urgente. El aislamiento social la alejó del padre de su hijo y se quedó viviendo con este, de 2 años, en un cuarto alquilado. Sin ingresos, sin ahorros, sintiéndose abandonada y encerrada entre cuatro paredes, arrastra el recuerdo insistente de una historia familiar de pobreza y maltrato de sus padres y hermanos mayores. La mujer se siente a punto de cometer una locura. En su primera sesión terapéutica dice casi haber matado a su hijo. Sin paciencia y estresada por su inquietud y su llanto, le pega a su bebé, lo zarandea, lo avienta contra el suelo. Si bien ella necesita y debe ser atendida, y sin negar que en muchos sentidos es víctima de otras formas de violencia (por ejemplo, la abdicación de la responsabilidad parental de su cónyuge), el drama mayor lo lleva el bebé, incapaz de gestionar un mínimo de ayuda. Ahogado en la cotidianidad terrorífica de un adulto fuera de sí, sin otro adulto que intervenga, obtiene marcas traumáticas en su incipiente y precario psiquismo en constitución. Marcas que quizás se queden mucho tiempo, o para siempre, cincelando una subjetividad dañada desde la cual se hará trabajador, pareja, padre, ciudadano.

Foto: Facebook Municipalidad de Comas

Puede ser que la violencia en las relaciones interpersonales sea el problema de salud mental más importante de nuestra sociedad. Es muy posible que pegarse e insultarse, humillarse, engañarse o ignorarse sean las maneras en las familias peruanas. Solo en Lima Metropolitana el Ministerio de Salud⁵ ha registrado el aumento del 50% en la violencia familiar (respecto a 2019) con una clara direccionalidad hacia niñas, niños y adolescentes. En pandemia la línea 100 aumentó en 97% sus atenciones para situaciones de violencia, y registró un incremento de 69% hacia mujeres y niñas y adolescentes, mientras que para los hombres el 70% de las denuncias se refería a víctimas niños y adolescentes. El vínculo con un familiar directo fue el denominador común: 80% para las niñas y 90% para los niños⁶. Parece posible afirmar que, en el Perú, mientras más precaria se tornó la vida más violenta se tornaron las familias. La pobreza aumentó⁷ un 10% en relación a 2019 y las mujeres urbanas de poca educación y trabajo precario fueron las más afectadas. Además, debieron cuidar a los familiares enfermos por COVID-19⁸ lo que producía mudanzas, sobreesfuerzo y un agotamiento físico y emocional generalizado.

El psiquiatra Rolando Pomalima⁹ comenta que los adultos, durante la pandemia, han manifestado su cansancio y estrés producido por el cuidado de sus hijos, produciendo situaciones de violencia física, verbal y psicológica. Habría que añadir en circunstancias materiales muy limítrofes, y que si bien se entienden, no deben justificarse pues está en manos de los adultos responsabilizarse por los menores de edad a su cargo. En ese sentido, la facilidad para haber descargado, en nuestro país, la frustración y el estrés sobre niños, niñas y adolescentes, ha producido alarma en instituciones del Estado e internacionales. El reporte conjunto de MINSA y UNICEF el año pasado revela que el 56% de bebés (de 0 a 1 año) se encuentra actualmente en un serio riesgo psíquico, que los menores de 5 años lo están en un 32% y que aquellos en edad escolar y adolescentes alrededor del 30%.¹⁰

El daño psicológico se deja observar, por un lado, como tristeza recurrente, preocupaciones exageradas, pesimismo, ensimismamiento, creencias de que la vida es difícil y que las cosas les irán a salir mal. Por el otro, hay manifestaciones opuestas: intranquilidad, inquietud, desatención, que se toman como signos de malcriadez y desobediencia, y se vuelven razones para el disciplinamiento. Un paradigma de funcionamiento está servido. La misma investigación señala que un 60% de menores de edad viven en familias violentas, 45% tienen menos de 5 años. Las cifras son de una gravedad espeluznante por las duraderas marcas que acarrean pero ¿por qué no conmociona?

Lo que pasa en la casa también pasa en la calle

Hay dos realidades urgentes de asumir sobre la convivencia entre peruanas y peruanos. La primera es sobre la facilidad para abusar, sea por edad o por género (o ambos), dentro de contextos que garanticen la mayor impunidad: la casa. Que ocurra entre familiares, personas que supuestamente comparten lazos afectivos, proyectos de vida, y que en teoría confían unas en otras, indica lo confuso que se vive la dimensión afectiva en el Perú. Y lo impulsivo como una forma generalizada de reaccionar y resolver discrepancias. Las familias en pandemia amplificaron el estrés empleando estilos de opresión y sometimiento con los familiares más frágiles, las mujeres en una proporción importante pero también sobre niñas, niños y adolescentes.

La segunda realidad por asumir es el interés menor de la salud mental en nuestra sociedad, y que se observa en circunstancias bien concretas. La primera es un asunto de presupuesto, que en el Perú es históricamente menor al promedio de América Latina (poco más del 2%). En nuestro país se estima 1,5% frente a la necesidad de al menos 5%, según el doctor Yuri Cutipé, director de Salud Mental del MINSA. Por si fuera poco, este año el presupuesto se redujo un 24% con respecto a 2021 por falta de ejecución del presupuesto. Solo en Lima disminuye en 44% y en las ciudades del norte, donde el virus azotó gravemente, se redujo al menos en 30%¹¹. ¿Cómo es esto posible?

Foto: Agencia Andina

Las altas cifras en los problemas psíquicos apuntan a la interacción de lo psicológico y lo social, donde las políticas se piensan y ejecutan (o no) y a través de ellas se protege o abandona la vida de la gente. Se suele pensar salud mental como un asunto hospitalar, de “locos” y “enfermos mentales” y no de relaciones saludables vinculadas al ejercicio ciudadano. Si fuera esto último sabríamos con claridad que la crianza y las relaciones violentas deben ser expuestas y denunciadas siempre, no disculpadas y justificadas apelando a la amistad, la familiaridad, la pena, la conmiseración o los “valores tradicionales”. La tolerancia frente a lo que nos degrada como personas y sociedad, sea en casa o en la política, instala subjetividades tolerantes a lo corruptor. Apañar a las autoridades corruptas de cualquier tienda, hacernos como si no viéramos nada, nos hace parte de una lógica perversa. Luego en casa no nos sorprendamos que la agresión ocurra contra quienes pueden manipularse para quedarse callados.

Los europeos abrieron las escuelas muy pronto durante la pandemia diciendo que los niños, al quedarse en casa, se exponían a sus maltratadores. Una política educativa articulada a una de salud mental que previene daños a la ciudadanía en un tiempo futuro así como gastos importantes frente a tratamientos psiquiátricos. Apuraron la vacunación infantil, crearon condiciones para abrir escuelas, y protegieron a sus niños de la violencia, de la frustración y el hartazgo de sus propios padres. De paso, estos, quedaron más descargados del estrés y el agobio. En el Perú, la convivencia en pandemia nos dejó gente con la confianza quebrada, la autoestima fragilizada y la sensación de soledad en la vida¹²: 30% de adolescentes deprimidos y 40% de niñas y niños con ansiedad por separación¹³.

La salud mental en el Perú no goza de buena salud. Su fragilidad es, más bien, el reflejo de cómo estamos anímicamente en la sociedad. Se puede inferir que la calidad de la atención, dramáticamente insuficiente, mengua para los sectores más pobres. Cuando los psicólogos atendemos a estas personas constatamos, indignados y preocupados, el deterioro psicológico y relacional con el que la gente llega. La pregunta que insiste es hasta cuándo va a ser así.

Debemos prepararnos para esperar una población psíquicamente más dañada que antes si no se toman medidas desde ahora. Si el embarazo en niñas menores de 10 años se triplicó mientras estaban en cuarentena, decir que el violador está en la propia casa. Es allí, en las casas, donde el Estado debe intervenir con mucha más contundencia, y son los partidos y los movimientos sociales los que deben no levantar sino sostener esas banderas pese a los duros vientos que soplen en contra. El líder político de ultraderecha, Rafael López Aliaga, planteó durante la contienda electoral "un hotel de cinco estrellas" para niñas violadas. En el actual gobierno de Perú Libre vemos desfilar agresores de toda laya por los ministerios, y silencios o críticas a media voz en partidos y movimientos progresistas. Como sucede en las familias y en las casas del Perú, parece que en la política y en lo social se escoge también qué denunciar y qué callar. A ese familiar, pobrecito, que abusó de la niña o del niño de su casa, mientras le encargaron que lo cuide, en un descuido apenas, ¡pobrecito!, mejor no decir nada. No podemos funcionar con el silenciamiento del abuso “para no hacer problemas”. En la política y en las casas, callarse no es por el bien de todos. Si la realidad de la salud mental nos devuelve una imagen que no queremos ver, esa es la tarea pendiente de hacer.