En el debate sobre el rol de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), que viene de los últimos años pero se ha vuelto más intenso en los últimos meses, aparecen varios puntos que en un primer momento estuvieron invisibilizados por la fortísima campaña mediática a favor de este organismo y que es preciso sacar a luz. Por ello, haré una síntesis de los mismos.

Primero. La SUNEDU es parte de un proyecto educativo mayor que busca la privatización de la educación en el Perú. Un proyecto que, aunque tiene antecedentes, se lleva adelante con intensidad desde el año 2013 con la gestión de Jaime Saavedra en el Ministerio de Educación (MINEDU) y que prosiguen, con el apoyo entusiasta del Banco Mundial, los siguientes ministros del ramo.

Posteriormente, cuando Pedro Castillo asume como presidente, en julio de 2021, la actitud al respecto del ministerio y el gobierno en general, es más bien errática. Paradójicamente, este proyecto privatizador no estaba en el proyecto original de la ley universitaria 30220, el cual fue asaltado a último minuto por los tecnócratas neoliberales, para sacar el capítulo II donde figuraba una regulación amable con la universidad, incluyendo la figura represiva de la SUNEDU. Por eso he dicho y repito que es un tumor maligno dentro de una buena ley, que en su diseño actual debe extirparse a tiempo para que no la inhabilite por completo.

Segundo. La privatización como característica distintiva de este proyecto educativo, tiene expresiones tanto en la educación básica como en la educación universitaria.

En la educación básica se ha buscado avanzar eliminando plazas de maestros nombrados, usando para ello los sucesivos concursos de acceso a la carrera docente de manera tal que no aprueben la evaluación, en promedio, sino un 2% de los que se presentaron a los cuatro últimos concursos a partir del año 2015. El resultado es la destrucción en la última década de casi cien mil plazas de docentes nombrados y la multiplicación casi por cinco de los maestros contratados.

En la educación universitaria la privatización tiene dos expresiones: la SUNEDU y, quizá más importante, la derivación del presupuesto público para la educación universitaria a la universidad privada. Hoy, más del 20% de lo que el Estado destina a la universidad se va a arcas privadas. En cuanto a la SUNEDU, su primera labor, el cierre de las universidades empresa que no cumplían con estándares de calidad, ha sido universal y entusiastamente aprobado. En realidad, se trató de terminar con el fracaso de la primera ola privatizadora promovida por el D.L. 882, dado por la dictadura fujimorista en 1996. Pero luego ha venido la intromisión en el manejo de las universidades públicas, sobrepasando su mandato constitucional y legal y motivando diversas reacciones que cuestionan su composición y su actual diseño.

Es muy significativo, en este sentido, que por parte de sucesivos gobiernos se haya preferido financiar masivamente a la universidad privada antes que aplicar el Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Universidad Pública. Este programa se detalla en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la ley universitaria 30220 y en él se incluye un financiamiento especial para el desarrollo de las doce universidades públicas más antiguas, que tienen la mayor cantidad de profesores y sirven a la mayor cantidad de estudiantes que atienden la educación universitaria pública. Es curioso como se insiste en la regulación de carácter represivo vía la actual SUNEDU y en el financiamiento público de las universidades privadas, pero se deja de lado un programa como el señalado que podría ser un impulso formidable a las universidades nacionales y que ya está legislado.

En ambos casos el proyecto privatizador, como ya ha ocurrido en otras áreas de actividad, busca el control político. En la educación básica, la destrucción de plazas de maestros nombrados y la multiplicación de contratados, tienen como objetivo un magisterio frágil, con escasa capacidad de reclamo y organización y más débil todavía para oponerse a lo que viene que sería la privatización abierta del servicio educativo, poniéndolo en el mercado a través de diversas modalidades. En el caso universitario, se trata de disciplinar a las que tradicionalmente han sido “casas rebeldes” en el país, como son las universidades públicas. Para ello, se crea un ente regulador como la SUNEDU que tiene o se arroga prerrogativas para intervenir en la vida interna de las universidades, dependiendo del respaldo político con el que cuente, por ejemplo, lo que ya es el colmo, aprobando planes de estudio.

Curiosamente es un ente formado, al menos en sus cuadros directivos, por gente de universidades privadas, ajena a la experiencia de la universidad pública, lo que les hace tener una actitud de desprecio y discriminación hacia la misma, desarrollando una conducta de disciplinamiento y represión, no de orientación en el quehacer universitario.

Tercero. En la propaganda mediática a favor de este proyecto privatizador se ha dicho que los que nos hemos opuesto al mismo estamos a favor de la estafa educativa de las universidades empresa. Nada más falso, hemos denunciado su existencia desde el primer momento en la década de 1990; luego participamos en varios colectivos y muchos talleres de reflexión e hicimos distintos trabajos conducentes a lograr una nueva ley universitaria que conjugara democracia con calidad. De igual forma, se ha dicho también que nos oponemos a la regulación universitaria. Falso, con varios otros colegas hemos insistido por décadas en la necesidad de un órgano regulador indispensable para un sistema complejo como el nuestro de casi cien universidades. Por ello nuestra oposición a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), a sus productos como el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), responsable directa de la hemorragia universitaria de principios de siglo, y de cualquier intento de volver a ella. Por eso mi oposición a que los rectores sean integrantes o electores en cualquier órgano regulador. Por naturaleza, quien es rector en estos tiempos tiende a defender intereses corporativos e inmediatos dejando de lado la visión de conjunto indispensable para la regulación.

Por ello mismo, el ente regulador para ser eficaz tiene que ser legítimo, es decir, los universitarios y la sociedad debemos creer en él. Su composición tiene que ser una mixtura de universitarios con otros expertos designados por el MINEDU y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). Pero los universitarios deben gozar del respaldo de la universidad, ser expertos que sean elegidos por expertos, me refiero a los profesores principales investigadores de todas las universidades para que sean los electores. No se trata tampoco de hacer del ente regulador una asamblea a través de elecciones universales, porque no es un órgano político sino técnico; de allí la necesidad de la calificación, tanto de electores como elegidos. Es un compromiso difícil pero necesario para que exista un órgano regulador exitoso. Ojalá que se pueda plasmar.

Cuarto. Todo esto nos lleva al tema de la autonomía, mirado siempre con recelo desde el poder. La autonomía nace como un valor central de la institución universitaria para poder crear conocimientos con la independencia indispensable. Siempre ha estado en cuestión, ayer por el poder oligárquico, hoy por el poder neoliberal. La razón es muy sencilla, la crítica inherente a la creación de conocimientos, es casi siempre contra el poder. La autonomía, sin embargo, no es autarquía, es decir, un cheque en blanco para que la universidad haga lo que le da la gana. La universidad, especialmente la pública, tiene que rendir cuentas a la sociedad de lo que hace, especialmente aquellos a los que nos financia el Estado pagando nuestros sueldos y nuestras investigaciones. Es indispensable, asimismo, que la universidad se entronque con los proyectos de desarrollo regional y nacional respectivos. De allí que sea justo reclamar respeto a la autonomía universitaria, pero estableciendo los canales para que rindamos cuentas, con toda la libertad necesaria, de lo que hacemos.

Quinto. Sin embargo, ha resaltado en los medios la oposición de la mediocridad. Por mediocridad me refiero al facilismo académico que rechaza grados, títulos, investigaciones, méritos, plazos, en una palabra, calidad. Rara vez se trata de una oposición argumentada, pero si es ruidosa, de la mano de los sospechosos de representar a los intereses inconfesables de las universidades empresa que no han logrado la autorización de funcionamiento. No es una alianza nueva, es nada más una que resucita. No ha sido la única alianza de los mediocres, que antes, cuando aún no los tocaban, aplaudían a los tecnócratas neoliberales. La mediocridad es un mal endémico, principal pero no único de la universidad pública, que surge por el abandono del Estado, demostrando una enorme vitalidad para quedarse. Hoy, es el pretexto de la SUNEDU para aparecer como necesaria.

Es fundamental diferenciarse de la mediocridad porque representa el pasado de la universidad peruana, resaltando que no son alternativa al ataque neoliberal sino más bien su otra cara, buenos para mantenernos en el estancamiento y propiciar, que, eventualmente, nos arrasen los privatizadores.

Sexto. A estas alturas podemos señalar que lo que buscan los privatizadores no es ninguna reforma, ni educativa ni universitaria, sino todo lo contrario. Es importante la aclaración porque reforma de la educación es un enunciado que en el Perú tiene el prestigio de la reforma educativa de Velasco, aquella que diseñaron eminentes sanmarquinos como Augusto Salazar Bondy y Walter Peñaloza, de objetivos exactamente contrarios a los privatizadores. Asimismo, en la universidad la palabra reforma tiene también el inmenso prestigio de la Reforma de Córdoba, que alumbra en los últimos cien años al movimiento reformista peruano, en sus sucesivos hitos de búsqueda de una universidad democrática y de calidad. Es importante entonces, por el respeto a los mártires y a los logros del movimiento reformista que la palabra no se convierta en sinónimo de farsa.

En conclusión. Todo esto ha llevado el debate a un nuevo momento. Por una parte, quedan al descubierto los objetivos privatizadores. También la necesidad de que la SUNEDU sea rediseñada, ojalá que con un cambio de nombre que empiece, como ya he dicho, por la noción de consejo que refiere al latín concilium que es entenderse y no por la de superintendencia que refiere a guachimán y finalmente a policía, personajes ajenos al ámbito universitario. Por la incertidumbre política general que atraviesa el país es difícil saber si se podrá llegar a una conclusión legislativa en el corto plazo o si a la que se llegue será duradera. Pero es indudable que el avance producido por el debate es muy importante, en especial por haber quitado el velo a lo que parecía perfecto, así como a sus falsas alternativas. Queda nomás desear que el intercambio de ideas de los últimos tiempos sea sucedido por un movimiento universitario de envergadura, porque cuando los debates no son acompañados por un movimiento social suelen desvanecerse en la noche de los tiempos.