¿Qué relación hay entre el trabajo y las clases sociales? ¿Cómo influyen las condiciones laborales en la identidad y acción colectiva de los trabajadores? ¿Qué tipo de restricciones imponen los salarios y el tipo de ocupación sobre la movilidad social? ¿Qué pasa cuando el empleo no satisface las expectativas y necesidades de la gente?

Antiguas interrogantes, legítimas y comprensibles desde el punto de vista del interés social, pero que sin embargo brillan por su ausencia en el debate público y político en el Perú. Salvo algunas publicaciones académicas, y menciones aisladas en épocas electorales (“No más pobres en un país de ricos”), hablar de clases sociales, desigualdad económica o movilidad social (ni qué decir de dominación y explotación) resulta prácticamente un tabú. Una impertinencia. Equivale, en la lógica del terruqueo, a azuzar el conflicto, el resentimiento y el revanchismo. No tiene que ser así.

Hablar de clases sociales supone reconocer las diferencias y desigualdades que existen en una sociedad y las tensiones que éstas generan. Implica dar cuenta de una realidad en la que el acceso desigual a condiciones materiales y subjetivas –como la educación, el tipo de ocupación o el capital social– enmarca la posición de clase de un individuo o grupo social. Y que estas diferencias sociales no son naturales o inherentes a las personas; que responden a una serie de causas no explicitadas, aunque sí legitimadas por los discursos hegemónicos en determinados momentos y contextos históricos.

En este artículo abordaremos el vínculo entre clase y trabajo. Específicamente las “narrativas” construidas alrededor del trabajo y el valor que se le asigna en la configuración de la estructura social. ¿Cuáles son los postulados teóricos a los que apelan los actores económicos y sociales para justificar sus privilegios y demandas sociales? Para abordar esta discusión, analizaremos el caso específico del sector agroexportador, paradigmático por diversos motivos.

Un breve apunte sobre las clases sociales

La teoría sociológica sobre las clases sociales es vasta; y si bien no hay consensos cerrados, se cuenta con enfoques “generales” a partir de los cuales se han formulado multiplicidad de tesis y explicaciones. Erik Olin Wright¹ identifica tres matrices inspiradas en los desarrollos teóricos de Marx y Weber que han funcionado como marcos interpretativos con clara influencia en el debate político y académico.

El más extendido es el basado en los atributos individuales de clase, inspirado en el individualismo metodológico y presente en las clasificaciones basadas en niveles socioeconómicos. El acceso de los individuos a determinadas ocupaciones, privilegios y oportunidades estaría asociado a una serie de capacidades –adscritas o adquiridas– que determinan la disponibilidad de recursos y del capital social necesarios para garantizar la reproducción individual e intergeneracional de la posición de clase. El “lugar” que ocupan los individuos en la “escala” social (y la calidad de vida consiguiente) respondería –en lo fundamental– a las capacidades y al esfuerzo personal de las personas. Lo que se conoce como “meritocracia”.

Un segundo enfoque reposa en el acaparamiento de posibilidades y oportunidades. El elemento central es el establecimiento de mecanismos de cierre y exclusión social, que permiten a determinados grupos “monopolizar” el acceso a ciertos espacios y recursos en base a discriminaciones de carácter étnico, socioculturales o económicos. La dominación –concepto weberiano– supondría el sometimiento y cooptación de los sectores dominados por medio de una serie de dispositivos legales, morales y culturales que “naturalizan” las estructuras sociales jerárquicas y desiguales, restringiendo el acceso a recursos y privilegios.

Finalmente, las explicaciones de carácter marxista o estructural acentúan el carácter relacional de las clases sociales. Es en el marco de la interacción social –y de manera particular en el ámbito de la producción– que las diferencias de clase cobran sentido. El mecanismo por el cual surgen y se reproducen las clases sociales no sería otro que el sistema de explotación que le permite al capital apropiarse de la plusvalía producida por los trabajadores. Sistema mediado ideológicamente por lo que Buraway llamó la “teoría del juego capitalista”, que hace posible la “cooperación” entre los diversos componentes de una empresa.

Wright plantea que el estudio de las clases sociales en las complejas y heterogéneas sociedades contemporáneas, exige el uso complementario y convergente de los enfoques comentados. Ninguno es suficiente por sí solo para dar cuenta de las causales y elementos que explican la posición (o conciencia) de clase de los individuos, ni la acción colectiva y la movilidad social de los sujetos sociales. Vistos en conjunto, brindan pistas para entender algunas situaciones concretas donde la “lucha de clases” emerge donde parecían prevalecer la “estabilidad” y las “bondades del crecimiento económico”.

Conflicto agroindustrial

Nunca son más evidentes las tensiones entre clases sociales que en el marco de un conflicto social. Descifrar los contornos y divisiones sociales en disputa dependerá del número de actores y causas que lo originan. Cuando el conflicto es laboral, los antagonismos resultan más fáciles de distinguir.

El paro agrario de diciembre de 2020 desnudó las contradicciones latentes en un sector que era la “niña bonita” de las exportaciones no tradicionales. Miles de manifestantes bloquearon durante días diversos puntos de la Panamericana, impidiendo que los productos agroindustriales llegaran a los puertos de salida, generando millonarias pérdidas y provocando una desmedida respuesta policial que terminó con la vida de tres manifestantes. El móvil fue el reclamo generalizado por mejores condiciones laborales. Los testimonios recogidos en medios evidenciaban un clima de insatisfacción respecto de una situación que consideraban injusta e insuficiente para sus expectativas laborales.

¿Cómo surgió este conflicto? Al ser promovido por una masa espontánea, no queda claro el sujeto movilizador. En el discurrir de la protesta surgieron algunos liderazgos, pero sólo después de que aquella adquiriese relevancia pública. Lo que es claro es que ésta se dio a los días de que el Congreso prorrogara por segunda vez el Régimen Laboral Agrario, Ley 27360 (RLA), desconociendo la naturaleza “promocional” y “temporal” con la que había sido aprobado originalmente. Con el argumento de que se trataba de una actividad “emergente”, durante veinte años esta norma estableció un estándar diferenciado de derechos y beneficios sociales para los trabajadores agroindustriales, complementado con un régimen tributario especial (15% de impuesto a la renta frente al 29.5% que rige para el resto de empresas), y otras facilidades, favoreciendo, naturalmente, el crecimiento del sector agroindustrial, ubicado principalmente en regiones de la costa.

A partir de las políticas de liberalización económica, desregulación normativa y concentración de la propiedad impulsadas de la década de 1990, la agroexportación se constituyó en un pujante sector que amplió sus mercados, multiplicó sus volúmenes de producción, favorecido por la creciente demanda internacional y la suscripción de un conjunto de tratados comerciales que le otorgaron importantes ventajas arancelarias para competir en los principales mercados internacionales. La exportación agropecuaria se multiplicó por 16 en dos décadas (pasando de US$394 millones a 6,340 millones entre el 2000 y 2019), mientras que el número de asalariados registrados en el régimen agrario aumentó de 40,000 a 342,000 en el mismo periodo.

El carácter contradictorio de este proceso se reflejó en el vertiginoso crecimiento del sector, frente a las condiciones de trabajo, calidad de vida y situación social de los sectores laborales involucrados. Si bien la demanda de trabajo creció sustantivamente (el famoso “pleno empleo”), los ingresos agrícolas no aumentaron en la misma proporción que la productividad laboral o la tasa de ganancia de las empresas. Con los años fue más nítida esta divergencia. Los obreros trabajaban más horas, las empresas aumentaban las metas del “destajo”, pero los jornales sólo se incrementaron cuando el Gobierno nacional actualizaba la remuneración mínima vital ². En una actividad en la que la casi totalidad de los contratos son temporales o a plazo fijo, la posibilidad de afiliarse a un sindicato constituye un verdadero desafío (o riesgo) para los trabajadores. En la actualidad, los trabajadores sindicalizados en la agroindustria no superan el 2% de los trabajadores sindicalizables. Así se hace prácticamente inexistente la negociación colectiva en el sector. Millonarias ganancias para las empresas y remuneraciones mensuales (S/ 1,300 mensuales en promedio) que no llegan a cubrir la canasta básica familiar. En términos agregados, entre el 2000 y 2020 la brecha acumulada entre la variación de la productividad media de las agroexportadoras respecto de las remuneraciones promedio de los trabajadores bajo el régimen agrario, fue de 52%, porcentaje que representa el margen que tienen los salarios del RLA para crecer sin poner en riesgo la sostenibilidad económica de las empresas.

Una hipótesis para explicar el conflicto social del 2020 estaría entonces relacionada con la toma de conciencia –por parte de los trabajadores agroindustriales– de lo que Tilly llamaría “desigualdad persistente”. Ver cómo se extendía por 10 años más un modelo que establecía condiciones desiguales de trabajo (fijando límites al progreso económico), fue percibido como una operación contraria a sus intereses como trabajadores, motivando una protesta en Ica que se extendió a otras regiones.

Foto: Facebook Nexo Noticias-Ica

¿Por qué los trabajadores agrícolas no protestaron antes contra esta situación desventajosa?

A pesar que la desigualdad económica comenzó a hacerse notoria en regiones como Ica o La Libertad, epicentros del boom agroexportador, las demandas por mejores salarios y condiciones de trabajo demoró años en manifestarse con intensidad. Las muestras de prosperidad (vistosas 4x4 circulando por carreteras rodeadas de barriadas) avanzaban en paralelo con una urbanización caótica, informal e insegura para los nuevos obreros agrícolas de la costa, proceso que aumentaba su vulnerabilidad social “de origen”. Estas contradicciones eran obviadas por el discurso “exitista” celebrado por los últimos gobiernos, el gran empresariado y los medios de comunicación, que presentaba a la agroindustria como un ejemplo de progreso y desarrollo sin límites, hasta que el estallido social del 2020 corrió el telón a un fenómeno que algunos estudios venían reportando como una clara expresión de formalización de la precariedad laboral.³

En la aparente calma chicha que duró dos décadas habría cumplido un rol fundamente el peso ideológico de las “narrativas” empresariales que justificaron y validaron este modelo de crecimiento inequitativo en la distribución de los réditos económicos de una actividad productiva exitosa. En el contexto del paro agrario identificamos algunos postulados con los que se buscó preservar el arreglo institucional que posibilita los niveles de acumulación registrados, y convalida los mecanismos de cierre social que dificultan una mejora de las condiciones de trabajo de los obreros agrícolas.

1. Para los gremios agroexportadores y los medios de comunicación tradicionales, el origen del conflicto reposó en las “malas prácticas” de empresas “informales”, que operan en la impunidad ante la ausencia de fiscalización laboral, dañando la imagen del sector.

2. El problema no descansa en el régimen laboral agrario que es indispensable para mantener los niveles de productividad y competitividad del sector agroexportador. Si se deroga, se corre el riesgo de una fuga de capitales a otros países de la región.

3. El crecimiento agroindustrial –posible por el RLA– favoreció la generación de empleo y la reducción de pobreza a nivel nacional y en las zonas rurales. Entonces debe mantenerse.

4. No son necesarios los sindicatos para el diálogo social entre empresas y trabajadores. Tampoco para “negociar” mejoras salariales, pues las remuneraciones se definen de acuerdo a la oferta y la demanda de trabajo en los fundos y plantas empacadoras. Por lo general, en negociaciones informales en los paraderos donde las empresas reclutan a su personal, al margen de la institucionalidad y tutela estatal.

5. Los trabajadores tienen la oportunidad de progresar económicamente dependiendo de su esfuerzo y habilidades personales.

Cada uno de estos postulados es plausible de discutirse, con evidencia; lo que buscamos demostrar en este comentario es la persistencia de narrativas basadas explícitamente en el enfoque de las atribuciones individuales, según el cual cada individuo accede a recursos según sus capacidades y esfuerzo personal, pero que buscan legitimar y mantener el statu quo promoviendo dinámicas de discriminación y exclusión social que se valen de mecanismos legales (el cuestionado régimen promocional) o dispositivos culturales (el emprendedurismo, la meritocracia, etc.), obviando el carácter relacional e interdependiente de las clases sociales y el acceso diferenciado a privilegios y oportunidades que no son para todos.