Como en casi todos sectores del país y el mundo, el cine peruano no fue ajeno a los graves efectos de la pandemia que nos golpea desde el año 2020. También aquí se han perdido vidas, directamente por el Covid-19 o colateralmente por otras enfermedades que no pudieron ser atendidas a tiempo, además de la crisis económica por la inevitable paralización del sector, y la muy lenta recuperación en diversas áreas.

Paradójicamente, a fines del 2019 fue promulgado de forma poco ortodoxa por el Ejecutivo el Decreto de Urgencia N° 022-2019, que “promueve la actividad cinematográfica y audiovisual”, que fue el colofón de un largo proceso por una nueva Ley de Cine en el Congreso. En sus considerandos se mencionaba como justificación “que, en el año 2019, la actividad cinematográfica y audiovisual ha presentado una desaceleración en su crecimiento y desarrollo, poniendo en riesgo su dinamismo”. La verdad es que en términos de producción fílmica tal “desaceleración” no era significativa, y que la única información estadística negativa conocida era una menor recaudación y duración en cartelera de las películas peruanas. La solución planteada fue más de lo mismo, es decir una ley apoyada en concursos como la previa, la 26370, aumentando el presupuesto de ocho millones de soles a cerca de veinte, pero dejando de lado otros temas centrales que se plantearon en un inicio, como la cuota de pantalla, la Cinemateca, Film Commission y Escuela de Cine, además de reducir los derechos de los trabajadores nacionales.

Lo cierto es que la pandemia reveló la precariedad para afrontar la emergencia de la dependencia de un sistema de concursos y la carencia de una industria. A las empresas productoras, la gran mayoría pequeñas o unipersonales, les costó mucho sobrevivir en estas circunstancias, tanto como a las asociaciones culturales que organizan festivales y eventos públicos, imposibles de realizar presencialmente con las disposiciones restrictivas del gobierno. Si la cosa fue difícil en Lima, peor lo fue en las regiones, donde las condiciones eran más complejas y la asistencia más limitada. La ayuda económica del Ministerio de Cultura, bajo la forma de concursos asolapados, llegó muchas veces tarde y sólo a algunos, pese a contar con información actualizada en el registro cinematográfico.

Quienes sin duda la pasaron y pasan peor son las y los trabajadores audiovisuales, obligados a la suspensión perfecta de labores, sin ingresos, bonos, ni concursos que los consideren, además de falta de seguro médico y fondo de pensiones, con el temor de volver a la actividad con protocolos sanitarios poco estrictos, al tiempo de la ansiedad por recuperar el trabajo, en muchos casos con paga por debajo de lo que percibían antes de la pandemia. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Audiovisual y la Cinematografía Perú (SINCA) realiza grandes esfuerzos para revertir esta situación, pero ayuda poco que el Ministerio de Cultura nos lo tome en cuenta, e incluso reduzca sus derechos, como ha sucedido con la nueva legislación de cine.

En medio del confinamiento, otro hecho relevante fue la creación apurada y clandestina de la llamada Academia Peruana de Artes y Ciencias Cinematográficas (APACC). La iniciativa nació de un grupo de cineastas con la sociedad de gestión del audiovisual; no era un gremio o asociación más de las ya existentes en el sector, sino que buscaba representar a todo el sector cinematográfico peruano de cara a los premios de las Academias de Hollywood, España, entre otros. Era en realidad una forma disimulada de seleccionar a los “cineastas de verdad”, como dijo alguna vez un congresista fujimorista de ingrata recordación en el sector, para “autorepresentarse” en nombre de todo el cine peruano. La rápida reacción de los gremios y cineastas en contra de la iniciativa inconsulta obligó a los convocantes a retroceder, pero quedó un sinsabor que se acrecentó con la decisión de la DAFO, el despacho encargado del cine en el Ministerio de Cultura, de darle luz verde a la Academia en menos de veinticuatro horas (cuando otros trámites más simples en el Ministerio demoran semanas y meses), aduciendo que no les correspondía el reconocimiento de las organizaciones, siendo que ésta no era una como las demás.

Ese manejo poco transparente se dio también con el Reglamento de la nueva Ley, donde quedó en evidencia que se trataba de una norma para concursos, porque los otros temas enunciados en el decreto de urgencia fueron omitidos, así como permanece negada la respuesta la solicitud presentada en febrero del 2021 por Mónica Delgado y Carlos Rentería sobre irregularidades en los concursos del 2020. Aún con la salida de sus funcionarios principales a inicios del 2021, DAFO no cambió la opacidad de sus acciones.

En paralelo, en medio de la polarización política del país, el cine peruano no fue ajeno al ánimo censor de los grupos más intolerantes, los mismos que en el Congreso dominado por el fujimorismo (2016-2019) trataron de introducir por todos los medios cláusulas censoras en los proyectos de la nueva ley de cine. En esta oportunidad fue, y no es casualidad, contra las cineastas mujeres; primero con el debate pueril y machista sobre el título con lenguaje inclusivo de la serie de la actriz Mayra Couto, ganadora de un premio del Ministerio de Cultura, y luego con el cuestionamiento al premio a “Hugo Blanco, Rio Profundo” (Malena Martínez), encabezado por la llamada Coordinadora Republicana y altos oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, quienes aducían que el documental hace apología del terrorismo, cuando en realidad se refiere a un histórico líder de la lucha por la tierra en Cusco, mucho antes de las acciones de Sendero Luminoso y otros grupos afines.

Lo cierto es que la ultraderecha y sectores cercanos no ven con buenos ojos al cine peruano, al que consideran dominado por la izquierda o caviares, y no dudarían en bajarse la Ley de cine o cuando menos regimentarla como lo muestran las declaraciones del congresista y ex almirante Jorge Montoya culpando al cine de Hollywood y Netflix de “la decadencia actual”. Otro caso significativo fue la postergación de la exhibición por el canal del Estado del documental “La revolución y la tierra”, sobre los años del gobierno de Velasco, aduciendo que podía influir en el ánimo de los votantes en las elecciones.

Como parte del debate nacional por la memoria que se da también en otros campos, y es muy importante la creación de la Cinemateca Nacional, para recuperar y preservar nuestro legado audiovisual. Perú es el único país en toda la región que no cuenta con esta institución.

Un último aspecto es el de la exhibición cinematográfica, forzosamente cerrada por la pandemia. En ese contexto, las empresas más importantes se beneficiaron del crédito a interés mínimo de Reactiva Perú, lo que no fue óbice para que la mayoría de cadenas de multisalas aplicara la suspensión perfecta a sus trabajadores. El regreso a la actividad no estuvo exento de contratiempos, sobre todo por la obstinación de las empresas para que se les permita vender canchita y bebidas en las funciones (algo que el protocolo del Ministerio de Salud desaconseja), revelando la verdadera naturaleza de su negocio, donde el cine peruano no comercial, con pandemia o sin ella, seguirá siendo el invitado incómodo, sin una Ley que les establezca obligaciones. En el ámbito de las plataformas digitales, que crecieron significativamente durante la inmovilización ciudadana, el cine peruano tuvo escasa presencia, fuera de algunas producciones puntuales a diferencia de otros países que aprovecharon para mostrar su cine por las redes, gracias en gran parte a sus archivos fílmicos.

La recuperación del cine peruano es posible. Será progresiva y no sin sobresaltos. El gran problema es qué cine nacerá de todo ello. Dolorosamente estamos aprendiendo que no es sólo un asunto de cineastas, involucra a toda la sociedad, y en tanto no se afronte en su integralidad, de cara a la gente, estará dominado por la precariedad, la eventualidad del apoyo estatal (ahora con las arcas ajustadas) y la amenaza de los intolerantes, cada vez más agresivos. De nada servirá hacer más películas si no llegan en buenas condiciones a la mayoría de personas; de nada servirá seguir promocionando concursos de preservación sin una institución que agrupe los materiales recuperados y los ponga a disposición de la ciudadanía. Como bien dice Víctor Vich en una reciente nota: “Si quiere ser tomado más en serio, el Ministerio de Cultura no puede seguir entendiéndose a sí mismo como un agente ventrílocuo dirigido al desarrollo interno del sector, sino que debe mostrar su importancia transversal hacia todos los otros sectores”.¹

Empezando por lo más básico, ¿cuándo se incorporará el aprendizaje del lenguaje audiovisual en los colegios? Increíblemente en pleno siglo XXI, dominado por la imagen en movimiento, lo audiovisual es visto como mera distracción por muchos educadores y el propio Ministerio de Educación, como si la educación virtual de estos dos años no les hubiera demostrado su importancia y necesidad. Lo que se se debe buscar es formar espectadores conscientes y críticos frente a toda imagen audiovisual, que no se limiten a consumir la producción “palomitera” de efectos especiales de Hollywood, y que sepan valorar el cine más allá del entretenimiento, como una de las expresiones culturales, artísticas, históricas y sociales más importantes de nuestro tiempo.