Una Constitución vigente se puede enmendar muchas veces si no se tiene una visión dogmática de lo que ella significa. Y no es un gran contratiempo hacerlo cuando determinadas normas quedan obsoletas o a contrapié de los hechos sociales y políticos. Por ello, todas aquellas constituciones modernas contienen procedimientos para su reforma. Chile no las tenía, pero llegó a un punto en que debe decidir si intenta conservar el Estado autocrático y subsidiario de la dictadura militar, consagrado jurídicamente en la Constitución de 1980, o crear una nueva Constitución que implica definir qué y cómo se quiere el pacto constitucional sobre los derechos políticos, económicos y sociales, con cuáles valores de orientación, cuál organización de Estado, cuál sistema de gobierno y régimen político, qué sincronía institucional y qué régimen de equilibrios y controles. Siendo un tema netamente político, en esencia, se trata también de determinar la forma de generación, distribución, ejercicio y reproducción del poder político en la sociedad chilena.

Desde el estallido social de octubre de 2019 a las elecciones de constituyentes

Nunca pensó el grupo de tecnócratas que decidió subir el precio del pasaje del metro de Santiago, a principios de octubre de 2019, que la reacción de la ciudadanía sería tan generalizada y expresaría tanta ira acumulada. La palabra abuso, que circulaba en el imaginario social con mucha fuerza, apuntaba a los fundamentos del modelo, al agobio de los consumidores comunes y, especialmente, a los usuarios de servicios regulados (agua, luz, transporte, gas) y financieros. Como indica el Banco Central, la deuda total de los hogares chilenos alcanzó el 75,4% de sus ingresos disponibles. Un alto porcentaje de los chilenos no alcanza a cubrir sus gastos en el mes, debiendo endeudarse de manera sistemática y creciente.

Desde octubre de 2019 las movilizaciones se intensificaron día a día. Las policías no se dieron abasto para controlar las manifestaciones sociales, que en algunos casos fueron instrumentalizadas por delincuentes para saquear supermercados, porque ellas se producían en todos los barrios de todas las ciudades del país. Las negociaciones políticas para recuperar la paz social se tornaban difíciles, porque el movimiento social en curso no tenía una estructura nacional orgánica, y los partidos de la oposición, al igual que los del oficialismo, eran meros observadores de un proceso que abundaba en espontaneidad. El gobierno, con aportes de una desprestigiada e ineficaz inteligencia policial, primero culpó a una conspiración internacional que, ridiculez de por medio, terminaba siendo motivada (sic) “por una juvenil banda coreana de rock” La violencia policial aumentó exponencialmente. Se sacó a los militares a las calles y se impuso el toque de queda, en un claro intento de atemorizar a la población, siguiendo las lógicas del modelo represivo de la dictadura de Pinochet. Pero los propios militares, contradiciendo al presidente Sebastián Piñera, desacreditaron de plano la idea de que Chile estaba en situación de “guerra interna”.

El Ministro de Salud reconoció posteriormente que más de 450 personas fueron atendidas en establecimientos sanitarios con daños graves en su visión, incluida la ceguera total de algunos de ellos, debido a disparos a quemarropa de escopetas de balines y de gases lacrimógenos por parte de la policía, a menudo contra personas que solo se manifestaban pacíficamente. La Contraloría General de la República, órgano contralor de Chile, presentó a principios de marzo de 2021 un informe en el que solicita sanciones drásticas contra dos generales del mando operativo de Carabineros de Chile, por uso desproporcionado e innecesario de la fuerza policial durante todo el período.

En un intento de apaciguar y dar curso político al descontento, el 15 de noviembre de 2020 se reúnen los partidos de la coalición gobiernista, de la oposición de centro izquierda y del Frente Amplio (una coalición de grupos izquierdistas, regionalistas, humanistas, liberales y ecologistas) y acuerdan llamar a plebiscito para que la población decida si quería cambiar la Constitución, y determinar el mecanismo para hacerlo. Este plebiscito tuvo lugar el 25 de octubre de 2020, con un 80% de los votos a favor de una Convención Constitucional (Asamblea Constituyente) enteramente elegida por voto directo.

La efervescencia social, antes y durante la pandemia, generó cabildos y asambleas de discusión a nivel barrial y gremial, con tantas reuniones de base, como no se veían desde la época del gobierno de Salvador Allende en 1970. Hubo multitudinarias manifestaciones y se expresaron las más diversas propuestas en todos los ámbitos.

Ya a partir del estallido social de octubre de 2019, el país se convenció que esta vez podía ser escuchado y que sus expectativas podían plasmarse en la nueva Carta Fundamental. Miles de propuestas surgieron en las redes sociales y numerosos miembros de los cabildos sintieron que podían representar tales propuestas.

Como toda elección, ésta no estaba desprovista de reglas, pero en el caso de Chile, estas siempre han sido muy excluyentes. El sistema binominal había sido diseñado como fórmula electoral para excluir a las minorías de toda representación y configurar dos grandes bloques en un bipartidismo ficticio. Solo en 2017 se abrió a la representación proporcional. Pero el control político binominal se mantiene merced a la manera de adjudicar los escaños que favorece y sobre representa a los partidos tradicionales, castigando las opciones de los independientes para competir por escaños de representación popular con exigencias de firmas ciudadanas de apoyo y otros requerimientos burocráticos, difíciles de cumplir. La presión social para participar ayudó a aliviar un poco las barreras. Asimismo, un cambio trascendental fue lograr paridad de género en las listas constituyentes, además, asegurando la paridad entre las y los elegidos.

Ello permitió la inscripción de 1363 postulantes a la Asamblea Constituyente para ocupar 155 cargos, lo que hace un promedio de casi 9 por cada cargo disponible. Electoralmente hablando, la derecha logró unir a todas sus facciones conformando una lista única; mientras que la oposición se desperdigó en decenas de listas con una destacada cantidad de independientes, lo que dadas las características del sistema electoral les juega en contra al momento de los recuentos. Altos personeros de la derecha han pronosticado que, con menos del 30% de los votos pueden conseguir más del 40% de los asambleístas, lo que podría permitir que la derecha ejerza un confuso derecho a veto que se transó al momento de la firma del convenio. Esto es, que se aprobarían solo los temas que obtengan dos tercios de la votación, sin que esté claramente definido qué hacer con los temas que no alcancen el quórum. Desde una lógica meramente formal, mantener la Constitución dictatorial atentaría contra el principio de legitimidad positiva de origen de una Nueva Constitución, cada vez que la norma nueva no logre dos tercios de los votos. Desde el punto de vista político, es un absurdo constitucional.

La llegada de los primeros enfermos de COVID-19 a Chile en marzo de 2020 fue vista por algunos analistas como un inesperado salvavidas para que el gobierno pudiese recuperar algún protagonismo en la agenda extraviada a manos del movimiento social. Sin embargo, un manejo triunfalista y excluyente de la pandemia por parte de las autoridades en un primer momento, fue motivo de mayores problemas. Se insinuó que todo estaba bajo control, a tal punto que, en abril, se anuncia el fin de la pandemia y la vuelta a la nueva normalidad, en circunstancias que en las comunas populares recién empezaba a vislumbrarse el devastador efecto de la relación entre COVID-19 y hacinamiento. Las múltiples contradicciones gubernamentales terminaron con la renuncia del ministro de Salud a mediados de junio, para dar paso a una posición más cautelosa.

La COVID-19 no sirvió para mejorar la imagen gubernamental. Las encuestas de opinión han tenido al gobierno todo el 2020 por debajo del 20% de aprobación e incluso apenas superando el 10% algunas semanas. En marzo de 2021, pese al exitoso proceso de vacunación de la población, atribuido a la estructura de Atención Primaria de Salud, el gobierno solo ha logrado una mejora marginal de su aprobación. Ello sin duda tiene relación con el intento de establecer un estado de sitio en la Araucanía, zona con alta densidad mapuche, donde el gobierno no ha podido resolver los conflictos. Además, con el aumento de la inseguridad en medio de la corrupción en las fuerzas policiales, las que han sido defendidas corporativamente por el gobierno.

Del binominalismo estructural al Estado democrático y social de derechos

Por más de 25 años, Chile fue dominado por un sistema electoral binominal, que reproducía mayorías muy estrechas o frágiles en el Congreso, con un mecanismo de quórums reforzados que impedía los cambios. No se trataba solo de un mecanismo de contención parlamentaria, sino de un paradigma político y cultural de todo el sistema. Todo estaba sometido a una negociación, pues el empate institucional era la regla, y aún sigue siéndolo en muchos aspectos.

El Estado y el gobierno exhiben una enorme supremacía restrictiva en materia de libertades políticas de los ciudadanos (iure imperii). Pero en materia de derechos económicos ocurre exactamente lo contrario. El Estado solo tiene poder de administración (iure administrationis), escasa capacidad de regulación, una propensión a la neutralidad y, finalmente, las cosas se deciden en el marco de la libertad del mercado, según el poder y capacidad de sus actores. Eso produjo una enorme asimetría entre el poder económico y el poder de los ciudadanos, quienes han visto sus derechos, entre ellos la salud, la educación o sus pensiones, sometidas a leyes de mercado como bienes transables.

En Chile, cada reforma constitucional fue siempre un parto de los montes: acontecimientos que se anuncian como algo mucho más grande o importante de lo que realmente terminan siendo. Ello por los complejos mecanismos que excluían totalmente la participación ciudadana y las consultas plebiscitarias, además de los casi inalcanzables quórums legislativos. Todo, con unas elites convencidas que el crecimiento económico individual era el crecimiento económico del país y que éste era igual al desarrollo.

A modo de conclusión

En Chile existe una derecha ideológica y estructuralmente pinochetista. Añora tal época, pese a todos los crímenes comprobados y sancionados. Su idea de sociedad es políticamente trumpista ideológicamente Opus Dei, económicamente neoliberal y socialmente friedmaniana. No tiene votos, pero tiene el apoyo de los dueños de la riqueza nacional. Este sector busca reducir las concesiones que podría hacer una derecha liberal y más equilibrada en cuanto a la intervención del Estado y los impuestos. Esta derecha ultramontana se ha ido consolidando en los últimos años. El presidente Piñera quiso liderar a la derecha liberal, pero este sector se enredó y fragmentó por la historia de estos cuatro años de gobierno. Su dilema es sumarse al sector pinochetista, represivo y ultraconservador o buscar la manera de identificarse con una derecha de estilo más europeo, pero que por el momento no tiene oportunidad de ser mayoría en su sector.

El problema al día siguiente de la elección de Constituyentes será que, si la derecha llega empoderada con un 35% o más y usa esta proporción como un poder de veto en la Asamblea, Chile no habrá logrado nada y se volvería al punto de inicio del estallido social, solo que más pobres aún por la crisis económica causada por la pandemia de salud. Posiblemente habría más movimientos sociales, más reacciones y seguramente más represión, con escaladas de violencia que harían que el país caiga en picada sus ratings de confianza para la economía en el ámbito internacional.

La derecha no puede imponer un veto sin legitimidad, a riesgo de condenar al país a las percepciones que la comunidad internacional tuvo de él durante la dictadura de Pinochet. De su parte, si la oposición no hace converger sus propuestas, no ayudará a que la ciudadanía comprenda lo que está en juego, y se neutralizarán las principales reivindicaciones democráticas y de justicia social.

No obstante, las fuerzas extremas de la derecha no están interesadas en un diálogo constructivo, excepto el gatopardismo consociativo de la primera década de la transición. Con convicción, pero mayor sutileza que en 1973, sigue pensando que “una opción” podría provenir de un pronunciamiento militar-policial. Esto es, reeditar una dictadura civil-militar. Este pensamiento, aunque hoy muy minoritario, sí subsiste en el Chile del siglo XXI. Es importante que el mundo lo sepa.