En julio de este año el Ministerio de Cultura (MINCUL) dio a conocer la Política Nacional de Cultura al 2030 (PNC 2030), proponiendo un horizonte de gestión pública para los próximos diez años en lo que a cultura se refiere. Esta política, que ha sido motivo de encuentros y desencuentros, ha despertado grandes expectativas en la medida en que el MINCUL hace buen tiempo adeudaba un documento base de alcance nacional para orientar a la administración pública en la promoción, defensa y reconocimiento de las prácticas culturales y artísticas.

Uno de los sectores expectantes ante la elaboración y publicación de la PNC 2030 es el de las organizaciones de cultura viva comunitaria (CVC), aquellas gestadas en las comunidades y barrios de nuestro país. En medio de la crisis por el COVID-19, esperan que, a partir del reconocimiento de nuestra heterogénea identidad, esta política valore el trabajo que realizan y se proponga actuar para revertir las limitaciones al libre acceso a los derechos culturales.

La actual PNC reconoce al Perú como un país pluricultural, multiétnico, diverso y que por tal necesita de una política general que enfrente el racismo y la discriminación, que además permita romper con prácticas estatales sesgadas y superar la incapacidad de gestión. Este es un punto de especial atención para las organizaciones de CVC, que inscriben su trabajo en el cambio social, entendiendo la práctica cultural más allá del plano puramente economicista y utilitarista.

La política nacional de cultura vista desde la CVC

“Se tiene que hacer un trabajo muy fuerte para tratar de reformar la estructura del MINCUL si queremos que el sector comunitario tenga una presencia real y contundente en ese organismo”. (Pamela Otoya de Kilombo).

En nuestro país, como en el resto de la región latinoamericana, las políticas culturales deben ser entendidas como un espacio de disputa de nuestros derechos culturales, ciudadanos y colectivos; sin embargo estos espacios han estado limitados para la participación libre y han sido acompañadas por un presupuesto precario -lejos del 1% recomendado por la UNESCO-.

Además de aportar al desarrollo económico de la mano con las industrias creativas y culturales, las políticas culturales deben sobre todo apuntar a fortalecer el tejido social a partir de reconocer los rezagos de una lógica de dominación que ha regido la producción cultural de acuerdo a su utilidad económica. En el caso peruano esos rezagos se hacen patentes en el papel determinante de ministerios como el MEF o MINCETUR para disponer de presupuesto o para direccionar políticas de promoción cultural de corte comercial y ligadas tan solo al turismo o a la exportación, dejando a lo cultural fuera del ámbito de disputa para la generación de conciencia, promoción de bienestar y de modelos de desarrollo alternativos.

Para completar su sentido, las políticas culturales requieren de una constante articulación con la academia y las ONG y entre diversos actores locales y comunitarios. Es en esta línea que nos interesó conocer las impresiones que sobre la PNC tienen las organizaciones de CVC. Dialogamos para ello con Pamela Otoya de Kilombo Artes Escénicas, con Janeth Quispe y Rosa Ore, de Arenas y Esteras, ambas de Villa El Salvador; y con Elmer Lopez de la Red Cultural de San Juan de Lurigancho. Se trata de organizaciones que activan en Lima Metropolitana y participan en redes de CVC de alcance metropolitano, nacional y latinoamericano; y en varios otros espacios que buscan promover la producción cultural y artística e incidir en la construcción de políticas públicas participativas para el sector cultural en general y dirigidas, también, al ámbito de la CVC.

Estas organizaciones surgen de un proceso de activa participación colectiva durante los años noventa, respondiendo a la necesidad de fortalecer un tejido social trastocado durante el tiempo de violencia interna, con la desaparición de dirigentes y disolución de organizaciones, un movimiento que buscaba además paliar la precariedad de los servicios básicos y la creciente violencia desatada por la presencia de pandillas y bandas delincuenciales en el espacio barrial. Su actividad por ello, propone promover la participación desde la acción cultural y artística, como herramienta para la transformación social y en rechazo a problemas como la discriminación, el autoritarismo, la violencia, el racismo y la corrupción. Estas organizaciones ejercen también un trabajo de incidencia en políticas públicas culturales, enfocado sobre todo en aquella población que ha sido histórica y sistemáticamente relegada en su acceso a derechos culturales.

¿Una política participativa?

La PNC ha devenido de un proceso largo de construcción iniciado en 2017 y que si bien tuvo una etapa convocante con mesas de diálogo y participación con distintos agentes, no logró ser realmente abierto. Coinciden en este punto las organizaciones entrevistadas, que si bien saludan la existencia de esta política, reconocen que su formulación ha carecido de una participación amplia y de mecanismos oportunos de comunicación, fallas que parecen no responder a la sola desidia de los funcionarios públicos, sino a un carácter estructural en el tratamiento de la cuestión cultural.

“No se hizo demasiado énfasis en la construcción participativa de esta herramienta, a pesar de que fue participativa creo que todavía desde el Estado, desde el MINCUL, esta idea de participación queda muy pequeña” (Pamela Otoya de Kilombo).

Nuestros entrevistados contrastan el proceso de elaboración de la PNC 2030 con otras experiencias de construcción de políticas locales, como fue el Programa Puntos de Cultura y de CVC, en los que sí participaron desde el inicio, siendo posteriormente reconocidas por estos programas del Estado.

La PNC 2030 tiene entre sus objetivos fundamentales el fortalecimiento de nuestra diversidad cultural, el incremento de la participación de la población en actividades culturales o el fomento a la protección del patrimonio cultural. Son estos tres objetivos los más claramente alineados a resolver uno de los problemas diagnosticados en el propio documento: el “limitado ejercicio de los derechos culturales de la población”. Sin embargo, no se logra el énfasis necesario para relacionar esta deficiencias con la competencia de otros sectores estatales, en el sentido de reconocer que el ejercicio de los derechos culturales está sujeto a principios básicos de desarrollo que, más allá del crecimiento económico, implica procesos de inclusión social, interculturalidad, derechos ambientales y democracia, en los que es necesario no solo el concurso de otros ministerios y entidades públicas, sino la discusión de proyectos políticos de mayor alcance. Para nuestras entrevistadas, estos retos deben enfrentarse desde lo local. Su práctica misma como organizaciones de CVC pone en cuestión la fórmula paternalista, el hacer política de “arriba hacia abajo” .

“La PNC puede integrar esas demandas y acciones pero nada nos garantiza que en el camino no se vayan a perder. Las cosas que menciona, el trabajo que se hará con las comunidades, los grupos étnicos, el fortalecimiento, el patrimonio cultural, que la gente tenga más acceso a la cultura, eso está bien, pero eso es pensando desde el Estado y ¿las organizaciones?” (Arenas y Esteras).

El libre ejercicio de nuestros derechos culturales depende también de nuestras condiciones de vida, la precariedad laboral y las brechas de género, económicas, en salud y educación. Cuando se tiene esto en cuenta se hace evidente un mundo de expresiones y prácticas culturales que está restringido para ciertos grupos sociales.

“Desde el Estado se debería dar las condiciones para que las personas accedan a este derecho, porque la cultura es un derecho innegable a todo ciudadano, pero muy poco se hace para que eso se haga posible, al menos para las personas que viven en zonas alejadas de las ciudades, que no cuentan con servicios básicos” (Elmer López de la Red Cultural de SJL).

En ese sentido la democratización de nuestros derechos culturales -un propósito de esta política pública- será factible en tanto se apunte a resignificar sentidos y prácticas arraigadas en nuestras instituciones, en tanto cuestione también al propio sistema y las relaciones de poder que imponen referentes de cultura y arte hegemónicos.

Los propósitos declarados por el MINCU en la PNC 2030 entran en una notable contradicción al momento de enfrentar sectorialmente la crisis sanitaria por el COVID-19. Para las organizaciones de CVC resulta disonante que en un escenario de alta vulnerabilidad, se haya aprobado una política con enfoques claros de renovación y al mismo tiempo se haya hecho poco o nada por dirigir acciones de emergencia a este sector de las artes y la cultura. Muchos de estos agentes y organizaciones culturales han exigido al Ministerio mediante pronunciamientos o cartas, no solo una asignación económica que les permita sobrevivir, sino también la habilitación y financiación de espacios públicos digitales para seguir promoviendo el arte y la cultura. La situación ha provocado también un cambio de prioridad para estas organizaciones, que reconocen haber postergado el monitoreo de la PNC 2030 para enfocarse por el momento en la atención y el apoyo hacia las organizaciones o miembros de la propia Red de CVC que se han visto afectados por la crisis.

“Muchas organizaciones se han sentido afectadas, han tenido que cambiar de rubro y ha sido bien difícil para varios de nuestros compañeros, hemos tenido que apoyarnos entre nosotros, lo primero que hemos hecho es atender el tema de la salud y la alimentación, porque varios de nuestros compañeros han estado mal, incluso hemos perdido a algunos; y este desamparo la hemos sentido del gobierno local y del mismo ministerio” (Arenas y Esteras).

Sin duda, quedan más puntos pendientes a tratar acerca de esta PNC y es necesario que desde las instituciones públicas, el sector privado y desde la sociedad misma se reconozca el papel importante que ejercen las organizaciones de CVC, un sector de la población organizada en torno a los derechos culturales y sostenido en la autogestión. Mientras tanto, el movimiento de CVC se sigue organizando en lo inmediato, para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, y en lo mediato, para procesos de incidencia política -están al pendiente de la aprobación de ordenanzas municipales para la CVC en varios distritos de Lima- y del propio fortalecimiento del tejido social al que se deben, a través de los encuentros y congresos de CVC a nivel nacional y latinoamericano que tendrán lugar en el Perú el año 2021 y 2022.