La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha tenido efectos devastadores alrededor del mundo. Con el fin de contener la propagación del virus, la mayoría de países han dispuesto medidas que garanticen el distanciamiento social. Las cuarentenas y los cierres de frontera paralizaron al mundo y un efecto derivado es la drástica reducción en la demanda por hidrocarburos a escala global. Esta reducción tuvo un impacto sin precedentes en los precios del petróleo, generando la peor caída jamás registrada a finales del mes de abril.

La caída de los precios se debe en gran medida a la crisis sanitaria. Sin embargo, la erosión de las relaciones internacionales al inicio de la crisis dificultó una respuesta conjunta de los productores petroleros frente a esta situación. Por otro lado, la volatilidad de los precios impacta directamente a un mercado que está compuesto por una importante cantidad de empresas de propiedad estatal,que se encuentran en una posición especialmente vulnerable frente a los vaivenes del mercado.

Es precisamente por las características de este sector que el problema de la caída de precios tiene el potencial de afectar las vidas de millones de personas que habitan en países dependientes de este recurso. Sin embargo, la presión de las necesidades sanitarias y económicas tienen el potencial de abrir las puertas a prácticas que podrían considerarse riesgosas en el contexto de fragilidad del sector. Asimismo, el interés por capitalizar este tipo de actividades en plazos relativamente cortos puede llevar a la relajación de estándares sociales y ambientales.

El colapso del mercado petrolero

A inicios del año 2020, los productores petroleros empezaron a sentir la verdadera magnitud de la paralización de China en la demanda de hidrocarburos. En respuesta a la crisis, Arabia Saudita, el mayor productor del grupo de países petroleros OPEP, anunció un importante recorte en su producción. Este recorte sirvió como una señal para el mercado global sobre la gravedad de la situación y la necesidad de un pacto entre productores para mantener los precios a flote.

La diplomacia petrolera de Arabia Saudita, sin embargo, tuvo pobres resultados. Rusia, el segundo productor más grande del mundo, interpretó la movida como una demostración pública de poderío saudí para decidir el tamaño de los recortes de producción nivel global. Por otro lado, los productores norteamericanos, avocados masivamente a la costosa explotación de gases esquistos (también conocidos como shale gas), sufrían ya los embates de una menor de demanda y exigían un acuerdo entre las dos potencias petroleras.

Este acuerdo no llegó durante el mes de marzo y el mundo fue testigo de una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia La apuesta saudí fue hundir los precios del petróleo para forzar un acuerdo con Rusia. La actitud rusa, sin embargo, fue desafiante, profundizando incluso más la caída de precios. Mientras tanto, Europa y Estados Unidos empezaban a vivir sus propias crisis a raíz de la pandemia del COVID-19, reduciendo más la demanda global por combustibles fósiles.

A pesar de que el bloque OPEP, Rusia y los Estados Unidos eventualmente alcanzaron un acuerdo durante el mes de abril, el daño infligido por la pandemia y la guerra de precios precipitó el escenario de catástrofe.

El lunes 20 de abril el barril de petróleo de la mezcla West Texas alcanzó el precio de -36.98 dólares en el mercado de futuros. Por primera vez en la historia, los enormes inventarios de petróleo en Estados Unidos llegaron a superar la capacidad de almacenamiento de este país, forzando a que los productores gasten más dinero en deshacerse del petróleo que en producirlo. Dos días después el barril de la OPEP alcanzó su precio mínimo histórico, 12.22 dólares. La mezcla Brent también sufrió su peor caída del año en el mes de abril, cotizando a 18.38 dólares por barril.

Las petroleras estatales en el ojo de la tormenta

Muchos países de la región como Brasil, México, Ecuador, Colombia y Bolivia dependen de los precios de los hidrocarburos para sostener sus economías. En estos casos, cualquier tipo de caída tiene impactos directos sobre el bienestar de la ciudadanía. La situación se agrava si consideramos que estos países han invertido enormes cantidades de dinero en empresas petroleras estatales.

Las empresas estatales son una pieza clave del sector hidrocarburos. En conjunto, sus activos se valorizan en 3 trillones de dólares y concentran la mayor cantidad de producción petrolera a nivel global. Las empresas petroleras estatales enfrentan enormes riesgos frente a la caída estrepitosa de los precios. La pérdida de valor de sus operaciones sumada a su enorme capacidad de endeudamiento interno y externo las vuelven especialmente vulnerables a la volatilidad del mercado.

Esto se ha visto en la última crisis. Como era de esperarse, los precios del petróleo tuvieron un impacto negativo en las acciones de empresas petroleras estatales que cotizan en bolsa. En la región, Ecopetrol de Colombia, Petrobras de Brasil e YPF de Argentina, vieron disminuido el valor de sus acciones en más de un 50% desde el inicio de 2020. En el caso de las empresas petroleras estatales que no cotizan, la caída del precio las obligó a operar a la pérdida. Tal es el caso de PEMEX de México, que en el primer trimestre acumuló pérdidas por más de 23 mil millones de dólares.

La ruta de escape frente a las dificultades de capitalización casi siempre es el endeudamiento. Dependiendo de su solidez crediticia, las empresas pueden solicitar préstamos a la banca internacional o los propios bancos centrales. Sin embargo, el enorme nivel de endeudamiento alcanzado por muchas empresas petroleras estatales ha forzado a que los países piensen en otras estrategias de capitalización más riesgosas para las economías nacionales. En plena crisis del COVID-19, el riesgo es que algunos países echen mano a reservas internacionales y fondos de estabilización para subsidiar a las empresas petroleras estatales. Otro tipo de subsidio son los recortes tributarios diseñados para beneficiar a las empresas.

PEMEX es un ejemplo paradigmático de esta tendencia. La empresa acumula una deuda de 105,200 millones de dólares. Se trata de la empresa petrolera más endeudada del mundo, cerrando la posibilidad de una capitalización en instituciones financieras. El gobierno ha librado a la empresa petrolera de impuestos con el fin de reducir los costos de producción y frenar la hemorragia. Estos impuestos, que serían especialmente necesarios en un contexto de crisis y vulnerabilidad económica, han sido destinados para mantener a flote a la petrolera en plena crisis. Por otro lado, el gobierno ha utilizado activamente fondos provenientes del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios para financiar la construcción de una nueva refinería en el estado petrolero de Tabasco.

Si bien el objetivo del gobierno en el corto plazo es generar empleos a través del sector petrolero, los niveles de endeudamiento en Pemex y las pérdidas acumuladas hacen difícil imaginar un futuro en el que la apuesta del gobierno sea sostenible. Este es un problema común en muchas petroleras estatales. Los préstamos y subsidios pueden otorgar liquidez en el corto plazo, pero no pueden evitar la insolvencia en el mediano o largo plazo.

Nueva normalidad ¿nueva carrera hacia el fondo?

Ejemplos como el de México ilustran los riesgos a los que se enfrentan los países con una pronunciada dependencia frente a los combustibles fósiles. Es importante notar que nos encontramos frente a dos tendencias confluyentes. Por un lado, tenemos a empresas petroleras buscando activamente cortar costos y acelerar su capacidad de producir. Por el otro, gobiernos con capacidades operativas limitadas debido a las propias cuarentenas impuestas.

Para muchas empresas, públicas y privadas, los menores precios implican que deben cortar costos desprendiéndose de activos. En lo que va de 2020, las cancelaciones de proyectos petroleros superan el valor de los 3 mil millones de dólares. La expectativa por inversión en medio de la pandemia ha incrementado la presión por parte de integrantes del sector privado y público que buscan cortar esquinas con el fin de mantener el flujo de rentas provenientes del sector.

En Colombia, por ejemplo, los gremios empresariales ya han propuesto aligerar una serie de regulaciones relacionadas a la carga tributaria y a la consulta indígena. En México, PEMEX ya cuenta con 266 defunciones por COVID-19. Sin embargo, el gobierno ha defendido la esencialidad del sector petrolero, que se mantuvo en operación durante la declaratoria de emergencia. Estos ejemplos también pueden encontrarse a lo largo del sector minero en la región.

Las próximas semanas confirmarán si, efectivamente, América Latina se encuentra rumbo a una carrera hacia el fondo para rescatar el sector petrolero. La recuperación de los precios petroleros podría servir como otro incentivo para acelerar este proceso.