Huancayo fue uno de los escenarios de la violencia política que vivió el Perú entre 1980 y 2000. La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) fue uno de los hitos de este proceso, con más de un centenar de muertes registradas por la CVR, y muchos casos por esclarecer. Los factores que llevaron a esta situación están sujetos a diversas interpretaciones y dependen de variadas contextualizaciones de los orígenes ideológicos y las racionalidades de los actores que protagonizaron el período.

Las diversas facciones de la izquierda no lograron coincidencias elementales sobre la racionalidad de campesinos y obreros que suponían espíritu de toda revolución, ni explicar las fuerzas productivas y las relaciones de producción en las que se hallaban inmersos. Con estas limitantes, algunos “iluminados” optaron por iniciar el conflicto armado, y fueron enfrentados de un modo en que se abrió un período de violencia indiscriminada, en el que se confirmó el dicho: “los extremos se unen”.

La ciudad de Huancayo, por su ubicación geopolítica, y la UNCP por concentrar en esos años alrededor de ocho mil estudiantes, fueron para las fuerzas en medio del conflicto, un territorio y una base social de importancia estratégica. Tanto el PC-SL como el conjunto de grupos de izquierda necesitaban incorporar progresivamente a sus filas cuadros con cierto nivel de reflexión.

Sin duda la UNCP era un centro de reflexión sociopolítico de importancia en la región central del país. En sus aulas, una minoría activa militaba o simpatizaba con alguna de estas agrupaciones (PC-U, VR, PC-PR, PC-BR, PC-PLl) o por el contrario, con el PC-SL. Todos ellos compartían un elemento en común en tanto se proclamaban “marxistas, leninistas y maoístas”, pero se acusaban mutuamente de ‘contrarrevolucionarios’ o ‘enemigos del pueblo y la revolución’.

Por esos años, la presencia del PC-SL se acentúa en la ciudad de Huancayo, generando incertidumbre e inestabilidad y comprometiendo seriamente el quehacer de la UNCP, al cosechar la adhesión de estudiantes, principalmente procedentes de las zonas rurales (provincias de Jauja, Concepción, Huancayo y Chupaca), quienes encontraron en el PC-SL la posibilidad de recuperar protagonismo y el poder que les era negado a sus comunidades, a sus padres y a ellos mismos, víctimas de discriminación socio-cultural (racial, étnica y de género) y sujetos de muchas aspiraciones y frustraciones personales. Esta condición fue recubierta por las fantasías filosóficas e ideológicas de la cúpula del PC-SL.

A la presencia del PC-SL en la la UNCP, se sumó la del MRTA, que irrumpe hacia 1987. Ello agrava la violencia que ya se vivía en su interior. Para entonces, los debates políticos habían pasado a segundo plano, en tanto se imponía el pensamiento único: “estabas con ellos o estabas contra ellos”. La universidad se había convertido en un campo de captación y adoctrinamiento, y en algunos casos de reclutamiento para conformar pelotones de aniquilamiento. La confrontación entre SL y MRTA -por la hegemonía, y en función de sus incursiones armadas- deja libre al APRA y al ejército, para que mediante trabajo de inteligencia, identifiquen líderes o simpatizantes de las organizaciones subversivas. La sospecha de vínculos directos o indirectos podía significar pasar a la lista de los desaparecidos y muertos violentamente.

Los desaparecidos de la UNCP se atribuyen tanto a la acción del Ejército, como a la de SL y el MRTA, en forma de “aniquilamientos” de alumnos y simpatizantes de otras izquierdas y opciones diferentes. Lo cierto es que no se cuenta con una cifra real, debido a que no se registraron con claridad las muertes producto del enfrentamiento entre SL y el MRTA, las desapariciones por el grupo Rodrigo Franco (APRA), grupo Colina y otras agrupaciones de carácter paramilitar o vinculadas a los servicios de inteligencia. La CVR da cuenta de 28 estudiantes asesinados, 36 ejecutados extrajudicialmente, 29 desaparecidos, 8 profesores y 4 trabajadores asesinados; la memoria colectiva de la universidad expresa que cuenta con 105 estudiantes asesinados y varios casos por esclarecer.

Transcurridos los años, el imaginario colectivo de un sector de la población vincula estrechamente a la UNCP con PC-SL y MRTA. Esta asociación es equívoca, en tanto la mayoría de estudiantes tenía una posición de indiferencia y miedo, de callar y salvaguardarse en medio de un escenario de inestabilidad que fue generado por un grupo reducido de alumnos y docentes.

El balance implica también considerar las limitaciones y sesgos de quienes plantearon “procesos revolucionarios” pero fueron incapaces de aplicar con coherencia la dialéctica para comprender escenarios, contextos, economías y racionalidades en un país marcado por la desigualdad y la diversidad sociocultural. Esta deficiencia también alcanza a la Universidad como institución: una docencia sin liderazgo en la producción científica conduce a la tergiversación de los procesos del desarrollo y aplicación del conocimiento. El resultado de ello fue un planteamiento que llevó a la crisis de la universidad, la destrucción de las fuerzas sociales progresistas y, en última instancia, al empoderamiento de una clase política y económica corrupta en el país.

Una “revolución” que durante su desarrollo destruyó las esperanzas de quienes se sacrificaron en nombre de los pobres del campo y la ciudad fue, más que una revolución fallida desde su concepción y estrategias, un vil engaño y una afrenta a la vida.