A la luz de los resultados obtenidos en los últimos procesos electorales en el Perú, surge la necesidad de promover una nueva línea de investigación interdisciplinaria para abordar la “cuestión militar” y de modo más específico, el papel que ocupan los militares en el escenario político peruano posterior al Conflicto Armado Interno (1980 – 2000). Tal esfuerzo académico debería conducirnos a responder desde una perspectiva histórica, cultural y social, de qué hablamos cuando nos referimos a “lo militar” o a “los militares” después del periodo de violencia fratricida que costó la vida de más de 69 mil peruanos. ¿Cuál es lugar que ahora ocupan “los militares” en el imaginario social y la esfera pública? El retorno a la democracia supuso el inicio un proceso de transformación, un quiebre generacional entre los miembros de las Fuerzas Armadas, así como un cambio de paradigmas en el pensamiento militar, cuyas características se encuentran pendientes de estudio. Aún no se ha realizado, por ejemplo, un balance acerca del impacto del Conflicto Armado Interno en la cultura militar y más ampliamente en la formación de los nuevos miembros de las Fuerzas Armadas en el presente.

Un tema de vital importancia que ha sido ignorado por la academia es el hecho que en las últimas contiendas electorales, no han sido precisamente los militares en situación de actividad los que han tenido protagonismo, tal y como viene siendo la nueva tendencia en América Latina. Por el contrario, se ha observado una creciente participación de los excombatientes de la “guerra contraterrorista”, denominación castrense empleada para hacer referencia al Conflicto Armado Interno. Al plantear la necesidad de distinguir a los militares nos interesa en el fondo conocer cuál es su lugar de enunciación en el presente. Romper acaso el mito del “espíritu de cuerpo” en tanto que el testimonio y la experiencia de un miembro del alto mando no equivale a la de un soldado de tropa. Con este ejercicio aspiramos a revelar sus fracturas internas, así como a historiar e interpretar estas disidencias. En las siguientes líneas proponemos problematizar la aparente homogeneidad de “los militares”, a partir de algunas reflexiones acerca de la historia peruana reciente.

Reescribir la historia de la guerra y la dictadura

El Conflicto Armado Interno, conocido militarmente como “Guerra contraterrorista,” tuvo sus inicios en la década de 1980 cuando las organizaciones terroristas “Sendero Luminoso” y el “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru” se alzaron en armas en contra del Estado peruano con el propósito de subvertir el orden democrático e imponer un nuevo sistema de gobierno. En respuesta a esta afrenta, el Estado intentó contener la violencia terrorista con sus fuerzas policiales. Sin embargo, ante su incontrolable expansión, decidió a fines de 1982 militarizar el conflicto ordenando la movilización de las Fuerzas Armadas a las zonas declaradas en emergencia. Iniciados los enfrentamientos armados frente a los grupos subversivos, el conflicto logró expandirse desde Ayacucho a los Andes sur centrales y posteriormente a la alta Amazonía peruana, abarcando hacia la década de los 90 casi todo el territorio nacional.

Ante la incapacidad política para dirigir la “lucha antisubversiva” y resolver los problemas que alimentaban el conflicto -desigualdad, extrema pobreza y la propia ausencia estatal en diversas regiones del país- los gobiernos de Fernando Belaunde (1980-1985) y Alan García (1985-1990) dimitieron en sus funciones como jefes Supremos de las Fuerzas Armadas. Ambos gobiernos encomendaron al Ejército no solo la responsabilidad de la conducción del combate, sino también el gobierno interior de las zonas declaradas en emergencia. Ante este tremendo encargo, los militares debieron alistarse para una guerra en su propio territorio, con el mandato de destruir al “enemigo interno”. Hacia fines de la década del 80, el paradigma de la “legítima defensa del Estado”, interiorizada por los militares como un deber absoluto, provocó el menosprecio de los principios del Estado de Derecho. Y así continuó siendo en la década del 90.

En 1990, Alberto Fujimori asumía el gobierno tras elecciones democráticas, en medio del conflicto. Con un país en guerra, una economía en recesión y un aparato estatal caracterizado hasta entonces por su fragilidad democrática, Fujimori, encontró en esas condiciones, la coyuntura “ideal” para llevar a cabo, con el apoyo del alto mando de las Fuerzas Armadas, su golpe de Estado en 1992. Con este funesto acto, se impuso una dictadura que se sostuvo hasta el año 2000, de la mano a su asesor, oficial retirado del Ejército, Vladimiro Montesinos, quien fue el responsable de implementar y dirigir desde la sombra un complejo sistema de corrupción que involucró a todo el aparato del Estado. Por las características de este proceso que transcurrió entre 1990 y el 2000, este periodo de gobierno recibió el nombre de “dictadura fujimontesinista”.

Sabemos hoy que Montesinos logró el respaldo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas a través su sistema de corrupción. Ello no sólo devino en la sumisión por voluntad o por fuerza de las corporaciones militares en todos los niveles jerárquicos, sino que permitió a Montesinos el control de la llamada “guerra sucia”, al encabezar el Servicio de Inteligencia Nacional, desde el cual comandó y encargó a los agentes de inteligencia la realización de las operaciones contra todo aquél que intentara oponerse al régimen. Montesinos organizó grupos paramilitares de aniquilamiento como el famoso “Grupo Colina”. Incluso, usó el Cuartel General del Ejército como máximo símbolo de poder para imponerse en el mundo castrense tras convertirlo en su “casa de gobierno”.

La “guerra contraterrorista” y el cambio de estrategia durante la dictadura fujimontesinista, tanto en la conducción militar como en la política, fue convertida en “lucha por la pacificación”. Este cambio de denominación implicó un viraje político en la concepción del conflicto interno, que culminó con la victoria del Estado sobre las organizaciones subversivas. Además resultó en una campaña psicosocial producida por un calculado sistema de operaciones de información que buscó manipular a la opinión pública con el pretexto de la lucha “contraterrorista”.

Hasta este punto de la historia, existía una imagen generalizada acerca del unánime y rotundo respaldo de los miembros de las Fuerzas Armadas a la dictadura fujimontesinista. Sin embargo, creemos que esta concepción amerita ser puesta en cuestión. No solo por las delgadas líneas que separan a los militares en razón del lugar que ocuparon durante este régimen y la “guerra contraterrorista”, sino por el impacto político de sus disidencias, manifiestas en el presente político peruano. Los últimos procesos de judicialización y la aparición en la esfera pública de “otros” militares invisibilizados y subestimados durante este periodo, nos invitan a revisitar y reescribir la historia reciente. Distinguir las disidencias y los lugares de enunciación

La yuxtaposición de la “guerra contraterrorista” y la dictadura fujimontesinista ocurridas entre las décadas de 1980 y 1990, terminaron por generar un ciclo de violencia fratricida, acaso la más catastrófica de toda la historia republicana, al ocasionar la muerte de más de 69 mil personas. Una desgarradora cifra atribuida en primer lugar a Sendero Luminoso, responsable del 54 % de muertes y desapariciones; y en segundo lugar imputado a los agentes de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Policía, Comités de Autodefensa y los grupos paramilitares, responsables del 37%, de acuerdo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Hacia el año 2000, con el fin del régimen fujimontesinista, se dio por culminado el Conflicto Armado Interno, abriéndose así, una nueva etapa de retorno a la democracia. ¿Qué pasó entonces con los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron de estos procesos? ¿Por dónde circulan ahora las historias de los militares protagonistas, testigos o partícipes de este oscuro pasado? Si bien en las dos últimas décadas las Fuerzas Armadas -vale decir, su personal en actividad- han demostrado un comportamiento de sumisión ante el poder civil, expresado en los gobiernos y autoridades políticas elegidas democráticamente, ello no ha significado de modo alguno su despolitización.

Más allá de los estudios pendientes acerca del “trauma” que en las subjetividades políticas de los militares pudieran haber causado los horrores vividos y producidos durante la “guerra contraterrorista” y la dictadura fujimontesinista, podemos afirmar que ambos momentos históricos ocasionaron serias escisiones al interior de las Fuerzas Armadas. No sorprende por ello que, intramuros, se produzcan hasta hoy los más encendidos debates intergeneracionales. Ello desvirtúa en cierto modo la creencia generalizada respecto a una supuesta unánime postura negacionista de los militares e incluso su apuesta a favor del olvido. Contrario a lo que la opinión pública pudiese esperar, los militares no olvidan, aunque sus recuerdos no necesariamente resulten los mismos. Una creciente bibliografía producida por ellos mismos da cuenta de estas diferencias.¹

En el caso particular de los oficiales, estas tensiones suelen evidenciarse por ejemplo entre los integrantes de una misma promoción militar. Más allá de sus sentidos de pertenencia e identidades por las armas y servicios que los distinguen, estas diferencias no los dividen tanto como suele ocurrir respecto a su experiencia de combate. Existe pues, un abismo de pasados casi irreconciliables entre quienes fueron combatientes durante la guerra y quienes no. De un lado se encuentran los militares que fueron enviados a la guerra en los inicios de su carrera militar, quienes sostienen haber sido “sacrificados” para “devolverle la paz al país”; del otro lado se encuentran aquellos, que por diversas razones no participaron en ella. Los primeros, de manera general, acusan a los segundos de haber sido favorecidos con ascensos militares, “aprovechándose de sus logros militares” y sacando ventaja de su “sumisión y lealtad” a la dictadura. Incluso, refieren haber sido “usados”, pues “mientras ellos hacían la guerra” la dictadura aprovechaba la victoria militar del Estado para aumentar sus índices de aprobación popular y perpetuarse en el poder.

Similares confrontaciones generacionales pueden observarse entre los relatos de militares que ocuparon puestos en el alto mando frente a los subalternos en el trascurso de aquellas dos décadas de horror, pues en muchos casos los militares de menor jerarquía resultaron sometidos a la guerra o a la dictadura por medio de la violación a sus derechos fundamentales, asesinatos, desapariciones, torturas, reclutamiento forzado, etc. Los procesos de judicialización continúan pendientes hasta hoy. Por estas fisuras, pensamos que para comprender las sutilezas del comportamiento político y las disidencias de los militares peruanos en el presente, es necesario el análisis de sus relaciones de poder, jerarquías, experiencias militares e historias de vida. En otras palabras, es necesario cruzar el umbral hacia el universo de sus subjetividades.

La aparición de los excombatientes en la política

Los resultados de la última elección parlamentaria llevada en Perú en enero de 2020 tras la disolución constitucional del Congreso, no sólo estaría demostrando la tendencia de la sociedad peruana a respaldar políticas autoritarias, sino también, y fundamentalmente, el retorno de los militares al escenario político a través de la aparición de los excombatientes de la “guerra contraterrorista”. Se trata de militares en situación de retiro o de baja, condiciones que no resultan limitantes para su activismo. Estos militares no renuncian a la identidad militar, ni a las disidencias que mantienen entre sí. Jamás se sentirán “ex-militares”. Al contrario, al volver a la civilidad y recuperar sus derechos fundamentales, encuentran en la política un escenario para continuar las luchas que quedaron pendientes durante la guerra o la dictadura fujimontesinista.

Su protagonismo electoral justamente nos permite observar los puntos de inflexión que de cierto modo determinan su agenda y más ampliamente el horizonte de sus proyectos políticos. Basta solo prestar atención a la distribución de los partidos políticos que ahora representan para notar estos contrastes.

Por un lado, encontramos a Antauro Humala, mayor del Ejército en retiro, líder del Movimiento Etnocacerista -fundado junto a su hermano el ex presidente Ollanta Humala- quién desde la prisión decidió convertirse en la imagen política del partido Unión Por el Perú (UPP) y condujo una campaña cuyo resultado fue la obtención de trece escaños parlamentarios. El inesperado respaldo popular concilió con su discurso étnico ultranacionalista de izquierda radical y colocó a dicho partido entre las primeras fuerzas políticas del Congreso. De otro lado, está Daniel Urresti, general del Ejército en retiro, ex-combatiente de la “guerra contraterrorista” y ex ministro del Interior durante el gobierno del expresidente Humala. A través del Partido Podemos Perú (PP) Urresti resultó electo como congresista tras ocupar el primer lugar en la votación nacional. Finalmente, se destaca la elección parlamentaria de siete licenciados del Ejército: Yeremi Espinoza (Podemos Perú, Lima), Carlos Chavarría (Unión Por el Perú, Junín), Perci Rivas (Alianza para el Progreso, Ayacucho), Juan Mamani (Frente Popular Agrícola del Perú, Cuzco), Fredy Llaulli (Acción Popular, Junín) y Héctor Simón (UPP, Tacna), todos afiliados a la Confederación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas (CONLIFAP), fundada en 2016 como plataforma para la reivindicación de los excombatientes que participaron como soldados de tropa del servicio militar obligatorio durante la “guerra contraterrorista”.

Así, oficiales y soldados ex-combatientes, se han vuelto a encontrar ya no en el campo de batalla sino en el parlamento. Un nuevo escenario nos proporciona luces acerca de la búsqueda de representación política emprendida desde que culminó el conflicto y que ahora tienen en sus manos. Este retorno de los militares ex-combatientes a la esfera pública nos invita a repensar, en el actual contexto democrático, la noción de los “soldados políticos” planteada por Dirk Kruij.²

La victoria del Estado sobre las organizaciones terroristas no sólo dejó un saldo de más de 69 mil muertos y cerca de 220 mil víctimas por violaciones a los derechos humanos sino también una generación perdida de cerca de un millón de militares ex combatientes, la mayor parte de ellos licenciados del Ejército que sirvieron como soldados de tropa del servicio militar obligatorio. Una generación en absoluto abandono una vez culminada la guerra. Ningún gobierno priorizó la implementación de políticas públicas que atendieran los problemas sociales y económicos ocasionados en su condición de sobrevivientes de guerra. Por ello es imposible, como lo sugiere Toche (2008), abstraer a los militares ex combatientes de la dimensión política, cuando el sistema político en el que se desenvuelven no los representa ni da muestras de sostenibilidad debido a la extrema fragilidad de sus actores. Esto grupo social, otrora ignorando y olvidado, encontró por la vía democrática formas de acceder al poder como respuesta a un Estado que no logró prestar atención oportuna a sus demandas, y ante la indiferencia de una sociedad que los dio por muertos.

Desde la perspectiva sociológica, los excombatientes han sido interpretados como individuos de un determinado perfil social al atravesar por graves problemas de reintegración a la vida civil y sufrir graves desventajas a consecuencia de las secuelas físicas, psicológicas y económicas producidas por la guerra. Tales condiciones en masa desencadenaron en diversos países que atravesaron experiencias bélicas, movimientos sociales de protesta, asociacionismo y un intenso activismo político que incluso desencadenó nuevas guerras, como documenta Alcalde.³ La presencia de los militares excombatientes en el parlamento peruano no debería sorprendernos, si no desafiarnos intelectualmente para comprender las implicancias políticas de este fenómeno en el Perú del posconflicto.