Si bien en el Perú de los últimos años 15 años la agenda de la igualdad de género se ha incorporado al debate en todos los procesos electorales, su materialización en las políticas públicas continúa distante, en comparación al avance mostrado en países vecinos, cuyas normativas son menos restrictivas con relación al aborto y reconocen la identidad de género y las familias diversas.

¿Qué ha impedido estos avances en el Perú? ¿Por qué seguimos renuentes a la despenalización del aborto y al reconocimiento del matrimonio igualitario? ¿Es acaso tan poderosa la minoría extremista que se opone al aborto y que niega los crímenes de odio a la comunidad LGBT? ¿Por qué una corriente conservadora tendría más fuerza que una propuesta de avanzada?

Si bien un factor es la opinión pública, su peso es relativo: todos los países de la región, a excepción de Uruguay, tienen la misma proporción de influencia religiosa opuesta a estos avances. Mónica Petracci (CLACAI, 2016) identificó que el 60% de la población latinoamericana está de acuerdo con la despenalización del aborto sólo cuando existan justificaciones de por medio. Es decir, para salvar la vida de la mujer, cuando el feto es inviable o, en menor proporción, cuando el embarazo es el resultado de una violación. Estudios similares muestran que las creencias religiosas son suficientes para oponerse radicalmente a estos temas; también se ha hecho notar que aunque la mayoría católica se opone a la legalización del aborto, no se opone de la misma manera a su práctica.

El avance “progresivo” de los derechos sexuales y reproductivos

El Perú, como la mayor parte de países de América Latina, ha sido partícipe de las corrientes del liberalismo, que ha generado cambios importantes en sus constituciones. Una muestra de esta corriente progresista fue el reconocimiento, en los años veinte del siglo pasado, de razones de salud y de vida que permiten el aborto. Pasaron, sin embargo,más de ochenta años para que ello fuese considerado parte de las políticas públicas y, aun así, su alcance sigue siendo limitado.

El aborto no ha sido el único tema de disputa; también ocurrió con los métodos anticonceptivos. En los años sesenta, ya había preocupación por el incremento poblacional y se desarrollaban las primeras clínicas de planificación familiar, con una tremenda oposición de la jerarquía de la Iglesia católica. Pasaron más de veinte años para que los métodos anticonceptivos se incorporen a las políticas públicas y recién en la década de los noventa, por injerencia directa de Alberto Fujimori y con la misma oposición de la iglesia, se incluyó la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), aunque por razones muy distintas de las planteadas por el movimiento feminista, que demandaba más opciones para las mujeres.

El Consenso de El Cairo: acelerador clave de los derechos sexuales y reproductivos

Los acuerdos tomados en la III Conferencia de Población y Desarrollo (El Cairo, 1993) fueron uno de los hitos más importantes en la historia de los derechos humanos de las mujeres, al vincular las políticas de población con la autonomía reproductiva, el ejercicio libre de la sexualidad y el enfoque de género. Fueron 178 Estados, incluido el peruano, los que se comprometieron con estas políticas y aunque irónicamente dicho acuerdo fue firmado por Fujimori, fue un evento histórico que cambió la noción de la política pública para todos los países.

El Consenso de El Cairo, fue el resultado de una ardua lucha de feministas y científicas sociales quienes dieron nuevas luces acerca de la igualdad de las mujeres, sus decisiones reproductivas y el crecimiento global, transformando las visiones tradicionales de las mujeres y las familias. Esto fue entendido como una amenaza por el Vaticano, que se pronunció oficialmente en ese sentido en la carta encíclica “Humanae Vitae” (1968) oponiéndose a los anticonceptivos y definiéndolos como “una vía ilícita de regulación de la fecundidad”; en la “Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual” (1975) considerando a la homosexualidad como una “corrupción de costumbres” que favorece al “hedonismo licencioso”; en la Carta Aposto?lica Mulieris Dignitatem (1988), haciendo balance de todas estas posiciones, definiendo el concepto de “ideología de género”, señalándolo como de “alta peligrosidad para la humanidad”.

Estado e Iglesia: Un vínculo permanente

Si bien en América Latina la Iglesia católica mantiene una relación de privilegio con el Estado, su poder se apoya más en la clase política que en la feligresía, pues ésta, al igual que la población en general, prefiere las familias pequeñas, recurre a los anticonceptivos y espera que las niñas tengan más oportunidades.

Pese a su rechazo a los métodos anticonceptivos, el sector oficial de la Iglesia católica no tuvo reparos en apoyar a Alberto Fujimori hasta el final de su gestión, soslayando o minimizando la aplicación criminal de las esterilizaciones forzadas. Conocidos personajes católicos, como Martha Chávez y Rafael Rey Rey, hicieron muy poco para distanciarse de estas políticas.

Este respaldo incondicional de los católicos no fue suficiente para que Fujimori excluya a los evangélicos. Recordemos que él llegó al gobierno en su compañía dando inicio a la participación política de sus organizaciones religiosas.

La agenda antigénero

El retorno de la democracia, aunque necesaria para el país, no fue favorable para los derechos sexuales y reproductivos. Esta fue tal vez la etapa de mayor disputa, imponiéndose la participación de agentes con clarísima agenda confesional. Fue el caso de Luis Solari, médico de profesión, opositor tenaz al enfoque de género, activista católico poco conocido en el mundo de la política, pero sí en las conferencias “provida”. En el gobierno de Toledo fue ministro de Salud, y durante su gestión desarrolló una campaña de persecución a los profesionales del sector que hubiesen trabajado en salud sexual y reproductiva, además de disponer el retiro de la mención del enfoque de género y del Consenso de El Cairo en los documentos oficiales Se negó a la distribución de la Anticoncepción Oral de Emergencia, aprobada durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y gestionó la aprobación del 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer, alineando con el Vaticano una estrategia de movilización ciudadana, conocida posteriormente como la “Marcha por la vida”.

Al primer año de gobierno, Solari dejó la cartera de Salud para convertirse en primer ministro. Le sucedió en el cargo Fernando Carbone, su viceministro, vinculado al Centro de Promoción Familiar y Regulación Natural de la Natalidad (CEPROFARENA), una ONG católica que sólo ofrece “métodos naturales” y combate los métodos modernos. Su gestión fue muy criticada no sólo por su enfoque confesional, sino por sus malos resultados sanitarios: bajas coberturas de vacunación, desabastecimiento de métodos anticonceptivos, entre otros. Uno de sus logros fue el “registro del concebido”, imposible de implementar, que tenía como finalidad evitar que las mujeres aborten.

En busca de un reino para luchar en contra del género

La primera generación de políticos evangélicos fue reemplazada por otra menos organizada y que traía nuevas filosofías, como la “ideología de la prosperidad”. Estos nuevos representantes no formaban parte del protestantismo vinculado a las clases pobres, sino eran de la corriente neopentecostal, dirigida principalmente a las clases medias y altas (Pérez Guadalupe, 2018), resultando muy atractiva para diversos partidos e incluso, para políticos con marcada postura católica, como Alan García o Luis Castañeda.

En este contexto, neopentecostales (con mucho poder económico) y católicos (con poder político y agenda) aunaron esfuerzos alrededor de una campaña que había tenido éxito en España, que invocaba a combatir la llamada “ideología de género”. A diferencia del discurso marianista, que buscaba que las mujeres mantengan “su esencia natural de la maternidad” y su rol como “columna vertebral de la familia”, señalar la existencia de una “ideología de género” se convertía en la urgente alerta de proteger a la infancia del plan macabro de la “imposición cultural del género” y de la homosexualidad, impartidas en las escuelas a través de la educación sexual y de la enseñanza con enfoque de género.

Con este mensaje se lanzó “Con mis hijos no te metas” (#CMHNTM), campaña que reunió a políticos, así como a oportunistas en busca de popularidad, quienes con el apoyo de promotores extranjeros (como la diputada colombiana Ángela Hernández) animaron la firma de una “Declaración de Lima” un compromiso de erradicación del enfoque de género y “defensa de la familia”.

Este fue el punto de partida de movilizaciones masivas y de una campaña muy bien montada en redes sociales que declaró al gobierno y a las feministas como enemigos de los niños y niñas. Se acusó al Ministerio de Educación de tramar un currículo escolar a espalda de los padres, cuestionamiento al que se sumaron muchos profesores pues finalmente la duda había sido sembrada.

A diferencia de los primeros voceros contra el enfoque de género, los nuevos ya no apelaban al lenguaje religioso. En cambio se presentaban como especialistas en materia educativa y como ciudadanos preocupados por la educación pública. Inventaron cifras y fuentes para demostrar que tenían la razón al denunciar que el Estado era el enemigo.

Entre los principales voceros de #CMHNTM, se encontraban Christian Rosas y su padre, el congresista y pastor Julio Rosas, así como otros congresistas conservadores, en su mayoría fujimoristas (Carlos Tubino, Tamar Arimborgo, Nelly Cuadros, Marco Miyashiro, Federico Pariona, entre otros). También formaron parte las cinco iglesias evangélicas con mayores recursos: la Alianza Cristiana y Misionera, el Movimiento Misionero Mundial, Las Asambleas de Dios, la Comunidad Cristiana de Agua Viva y La Casa del Padre. Otros colectivos ligados a #CMHNTM fueron la Coordinadora Nacional Profamilia (CONAPFAM), el Movimiento Nacional Pro Valores, el Instituto Educa Bien, el Ministerio Salvemos a la Familia, la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (RENAFAM), entre otros.

El sector católico también aportó con voceros y grupos organizados, entre los que destacan Giuliana Calambrogio, directora de la Oficina Diocesana de Educación Católica del Arzobispado de Lima (ODEC Lima) o Giuliana Caccia, directora de la Fundación para la Familia (FAM), entidad vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana. En una eficiente distribución de tareas, el sector católico se encargó de la línea jurídica, a través de la agrupación “Padres en Acción”, de la cual forma parte Calambrogio. Este grupo judicializó el currículo escolar, con muy mala suerte para ellos, pues sus planes se vinieron abajo cuando los jueces corruptos que apoyaban esta iniciativa fueron puestos en evidencia por su participación en la organización “Cuellos Blancos del Puerto”, y destituidos por el Poder Judicial.

No se puede afirmar que una mayoría nacional religiosa sea la causa que impida la consolidación de avances en materia de derechos. Los retrocesos que se viven en el país, así como la neutralización de los funcionarios para defender políticas públicas basadas en derechos humanos, no se explican por una población conservadora, sino por la acción política de pequeños grupos de interés que han ganado poder debido en gran parte a la precariedad de los partidos políticos.

El movimiento antiderechos (distinto de los conservadores), se viene renovando activamente y, ante las limitaciones para construir su propio marco ideológico, se apropia de temas que alimentan la discriminación y exclusión de quienes son considerados distintos. Es decir, necesitan crear un enemigo y una amenaza. Se trata de grupos de poder, de inexplicable riqueza, que utilizan la big data, la tecnología y las redes sociales y, a partir de ello, orientan corrientes de opinión. Sin duda, jugarán un rol determinante en los próximos procesos electorales.