El autoritarismo congresal que padecemos es retratado comúnmente como el resultado de la suma de arbitrariedades de personajes mezquinos, propensos al clientelismo corrupto, hambrientos de un sueldo mayor al que alguna vez en su vida ganaron, amantes de sus nuevas gollerías, de colocar allegados y de arrebatarles sus sueldos. Una suerte de live fast, die young de la política peruana. Poco énfasis, en cambio, se pone en resaltar el proyecto en común que consolidan.

A un año desde el estallido de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, aún retumban en mi cabeza los argumentos que se plantearon en contra de un adelanto de elecciones generales en el más corto plazo posible. La editorial del diario El Comercio del 17 de enero del 2023 decía: “El adelanto electoral es seguramente conveniente, pero de ninguna manera se puede proceder a él sin hacer un mínimo de reformas indispensables para romper el círculo que nos ha llevado durante los últimos lustros a elegir presidentes y congresistas con los que pronto estamos irritados y cuya remoción se nos hace repentinamente impostergable. Y para hacer posible que esas reformas sean aprobadas en el Congreso se requiere de tiempo”.

Ese razonamiento implicaba que los congresistas tenían la capacidad –y hasta el interés– de realizar reformas políticas necesarias en un plazo breve para abrir un nuevo ciclo político con representantes de mejor calidad. Pero eso fue wishful thinking. A lo largo de casi un año, el Congreso sepultó el adelanto de elecciones, pateó las reformas para fortalecer el sistema político, metió zarpazos a las escasas reformas que se hicieron en los últimos años y hasta quiere que el Perú se retire de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y aprobaron la bicameralidad con más de 87 votos en primera votación solo cuando se les abrió la ventana para meter la reelección parlamentaria.

Hay consenso entre académicos que la bicameralidad y la reelección son necesarias para tener un mejor sistema político. Pero algunos están tan enamorados de estas reformas que minimizan el contexto en el que se gestan. Para empezar, no basta con saber que son reformas impopulares: hay que tomar decisiones para que tengan mayor legitimidad. Una de ellas puede ser que se aprueben por referéndum previo debate nacional. De lo contrario, estaremos entre la protesta y el desinterés ciudadano sobre a quiénes se elige.

La bicameralidad y la reelección pueden motivar un debate más maduro, pero eso depende de la oferta de los partidos. Y las agrupaciones que hoy controlan el Parlamento no tienen interés ni en el diálogo, ni en los consensos, sino en la imposición de su visión. Una muestra de ello son los constitucionalistas a los que convocan a las comisiones –como Ernesto Blume y Ernesto Álvarez– para justificar sus arbitrariedades.

Además, el Congreso es hoy más poderoso de lo que fue al arrancar el siglo XXI –y los sucesivos gobiernos de minorías legislativas, más débiles–, y la coalición anticaviar hace todo lo que está en su poder para evitar perder poder. Las bancadas de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso decidieron tumbarse la aplicación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias de forma permanente, planteando que la votación de todos los electores hábiles sea una opción más junto a la elección de candidatos por delegados de partidos y a la votación de militantes. Su justificación es la que esgrimen para derrumbar reformas que lograron consenso: que fue impulsada por Martín Vizcarra. No importa que sus partidos hayan votado a favor en un Congreso anterior.

Los actuales congresistas son producto de las dos fórmulas que hasta ahora se han usado para elegir candidatos y han fracasado. Un buen ejemplo es Acción Popular, que aplicó internas competitivas para que su militancia decida el orden de los candidatos al Congreso. Los que obtuvieron el primer y segundo lugar en Lima, su principal plaza, fueron elegidos parlamentarios en abril del 2021: José Arriola –investigado por la fiscalía, a quien le allanaron su casa y le encontraron US$70 mil en efectivo– y Maricarmen Alva –sobre quien sobran comentarios–. De hecho, más de la mitad de los 16 congresistas que entraron por ese partido llevaron el número 1 en sus regiones. O sea, fueron lo mejor que su partido pudo ofrecer a la sociedad. Y aún así dan vergüenza.

La elección por cúpulas partidarias en el resto de partidos que están en el Congreso tampoco fue mejor: 64 de los 130 parlamentarios actuales fueron los número 1 de su lista por partido en su región. Y si ampliamos la selección para considerar a los que tuvieron los números 1 y 2, hablamos de 96 de los 130 del pleno. Otra vez, eran lo mejor que su partido pudo presentar a la sociedad y ahora son los responsables de tener un 6% de aprobación. El voto preferencial no tuvo un gran efecto que distorsione la oferta partidaria.

Durante el estallido social, el “voto de confianza” de los principales medios y de los caseritos de la televisión le dio legitimidad a las excusas dichas por los congresistas para aplazar las elecciones y resistir el momento de mayor presión social. Le atribuyeron la capacidad de vestirse de estadistas a niños, fraudistas y mocha sueldos con tal de evitar que la ola de protestas engendre a un líder populista radical. Eso sucedió en el único momento de la crisis política en el que pudo haber una inflexión para llamar a comicios generales y que todos los protagonistas asuman las consecuencias políticas de sus actos: Pedro Castillo por la ruptura constitucional, Dina Boluarte por los más de cincuenta muertos en las protestas y los fraudistas por sus engaños.

Ahora parte de la opinión pública también le da el beneficio de la duda al Congreso con la aprobación de la bicameralidad y la reelección, con ingenuidad respecto a la reconfiguración de las fuerzas políticas. Antes del 7 de diciembre de 2022, la contradicción principal era alrededor de los votos para la vacancia de Castillo: el oficialismo de las izquierdas tenía la fuerza suficiente para bloquear las iniciativas de la derecha, que requerían 87 votos. Esta correlación arrastraba a otras votaciones que comprometieran el peso del Ejecutivo. Pero después del golpe, la contradicción principal ha pasado a ser el anticaviarismo, en el que tienen una mayoría aplastante.

El anticaviarismo es un pacto amorfo, con diferencias de fondo, en el que cada integrante cree que le puede sacar provecho de forma distinta, pero en el que hay cierto consenso sobre lo que quieren destruir. Es una reacción, un impulso antes que un programa. Cualquier reforma que democratice el poder va a estar en la mira.

La izquierda perulibrista, y sus satélites, ya habían dado muestra pública de ello en su votación contra de la investidura de Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros. Preferían debilitar a su aún socio Pedro Castillo antes que darle más poder a una caviar. Pero incluso lo hicieron en campaña electoral. Una de las colaboradoras más cercanas de la candidatura de Verónika Mendoza me dijo, a modo de balance sobre la derrota, que había identificado que los que más guerra sucia les hicieron en Internet contra el discurso LGBTIQ+ fue Perú Libre, y no Renovación Popular como ellos inicialmente imaginaban.

Son funcionales al pacto anticaviar en su discurso, en su conservadurismo, en su votación en la Comisión de Justicia a favor de la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en su hostigamiento a los miembros del equipo especial Lava Jato, y en las iniciativas para torcer normas legales en su beneficio. La llamada “Ley (Alejandro) Soto”, que reduce el plazo de prescripción de delitos, nació de un proyecto elaborado principalmente por congresistas de Perú Libre, y se presentó el 13 de enero, como una muestra sobre dónde estaban sus prioridades. Pese a que benefició a Vladimir Cerrón, no cae mal en el pacto, pues miembros de todos los partidos lo han aprovechado.

Así, tienen una lista de iniciativas para aliviar sus pendientes –y del resto de bancadas– con la justicia: que los hábeas corpus se puedan presentar en cualquier distrito judicial; otorgarle inmunidad a los partidos para que no puedan ser multados, suspendidos o disueltos por el Poder Judicial; que jueces y fiscales sean elegidos por voto popular. Entienden la justicia como una maquinaria copada por la derecha y los caviares, a la cual deben doblegar. Mientras, han suspendido su campaña por la Asamblea Constituyente, redactan proyectos sin norte como la eliminación de las AFP y le sacan provecho a este pacto al designar a sus militantes en el aparato burocrático del Congreso.

En la derecha el pacto tiene más proyección. Volviendo a la figura con la que empecé este texto, comúnmente se retrata a los congresistas de este lado como personas que aprovechan el presente, pues quizás nunca vuelvan a estar en una posición similar. Al fin de cuentas, no hay reelección ni sistema de partidos. Sin duda, algunos parlamentarios son así, pero varios otros han proyectado la permanencia de un entorno favorable en todo el Estado.

Los parlamentarios tienen múltiples formas de reengancharse laboralmente en el Estado: Entran como asesores (hay 28 excongresistas en el Parlamento, según El Comercio), usan a sus conocidos para ubicarse en entidades públicas, y los más conocidos tienen éxito postulando a gobiernos regionales o locales. No importa si el partido con el que postulan no sobrevive, pues como ejemplo tenemos a Josué Gutiérrez. Por último, no hay diferencia ideológica que no pueda superar la barrera de inscripción en Alianza para el Progreso –que hasta a un senderista ha albergado– y sacar provecho de alguna manera.

La derecha que hoy lidera esta coalición bebe de lo que dejaron las coaliciones que llevaron a Manuel Merino al poder, y de la que manejó el país con 73 congresistas fujimoristas. Les importa su rol, pero están construyendo una plataforma para los siguientes años en donde lo fundamental es que prevalezca su visión. Eso no significa que haya armonía y claudicación de los caudillismos –ya verán cómo se disputan los liderazgos en ese futuro–, pero lo fundamental es la demolición del progresismo. Por ello, ha sido determinante el control del Tribunal Constitucional, y la pelea por hacer lo mismo con la Junta Nacional de Justicia, y a través de ella, de jueces, fiscales y los jefes de los entes electorales. A ello ha ayudado el crecimiento de medios afines, como Willax, y el rol político que tuvo la Dircote, en especial el general Óscar Arriola.

Para consolidar su agenda, era fundamental la conquista de instituciones y las alianzas fuera del Congreso, como la relación entre Patricia Chirinos, de Avanza País, y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.¹ Este pacto de Patricias permitió, por ejemplo, que en menos de 3 horas se abriera investigación –con argumentos enclenques– a los jueces que concedieron una medida cautelar en favor de la JNJ contra el atropello que iba a hacer el Congreso.

Y por eso los más políticos –Fujimorismo, Renovación Popular y Avanza País– sostienen el gobierno de Dina Boluarte. No solo es por mantener su sueldo, poder, gollerías y meter intereses privados en la agenda legislativa, mucho menos por la gobernabilidad; es porque les permite acumular fuerzas hacia el futuro. Los tres principales partidos tienen discurso mediático, escuelas de formación y guerra cultural. Muy diferente es que les vaya a dar frutos en las siguientes elecciones, pues la ciudadanía tiene un alto rechazo hacia el Congreso y el Ejecutivo, y la situación económica de recesión más el Fenómeno del Niño lo incrementará. Su proximidad a Boluarte los va a chamuscar más, y, adelantándose a ello, sus aliados levantan la idea de que el actual gobierno es de izquierda.Y Alianza para el Progreso, si bien está en ese grupo, le arranca al gobierno compromisos más terrenales, como el apoyo a gobiernos locales que ellos manejan.

Fuera de este pacto anticaviar quedan congresistas no agrupados y bancadas de izquierda sin una agenda que priorice lo urgente por encima de sus narrativas. Cambio Democrático-Juntos por el Perú ha presentado iniciativas que no tienen músculo ni siquiera para que sean debatidas en comisiones. Por falta de experiencia política o por las condiciones de este Congreso, la oposición no puede mover las fichas ni para fiscalizar al gobierno ni para retrasar los impulsos autoritarios del Pleno. Tampoco tienen capacidad –por su irrelevancia y su complacencia con Castillo– de movilizar a la calle.

El drama es que no se vislumbra una salida hacia el futuro. Durante el tiempo que permanezcan estos parlamentarios, van a depredar el Estado de la forma que consideren que mejore las condiciones para su proyecto anticaviar. Esto implica atacar reformas e instituciones que prioricen el bien común y respeten los derechos individuales. Por lo visto hasta ahora, las únicas reformas electorales que aprobarán serán aquellas que les beneficien directamente, como la reelección parlamentaria. Y poder reelegir a los congresistas del 6% de aprobación no es algo que nos vaya a sacar del hoyo en el que nos encontramos.

Son tiempos rancios.